Cámara a punto decidir apelación Báez Figueroa

Cámara a punto decidir apelación Báez Figueroa

POR DIEGO PESQUEIRA
Con el interrogotorio del gobernador del Banco Central, José Lois Malkúm, la Cámara de Calificación del Distrito Nacional está a punto de decidir en relación a la apelación presentada por el banquero Ramón Báez Figueroa contra la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Instrucción, que lo envió por ante un tribunal criminal por participar en un alegado fraude bancario a través del BANINTER.

Junto a Báez Figueroa fue enviado a la jurisdicción criminal Marcos Báez Cocco, mientras que en favor de Luis Alvarez Renta, Vivian Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa, se dictó un auto de no ha lugar.

El grupo había sido acusado por las autoridades monetarias y financieras de un alegado fraude de 55 mil millones de pesos, situación por la que fueron a prisión.

Alvarez Renta y Lubrano de Castillo, antes de la providencia calificativa, fueron excarcelados por razones de salud.

Mientras que Báez Figueroa y Báez Cocco obtuvieron su libertad mediante el pago de fianzas.

Lois Malkún, quien se hizo acompañar del abogado del Estado Ramón Pina Acevedo, fue citado para que explique las razones de la querella que interpuso contra Báez Figueroa y otros funcionarios del quebrado Banco Intercontinental.

Entrevistado antes de entrar a la sala de sesión de la cámara de calificación, Malkún dijo que acudió para responder las preguntas que les hagan respecto al caso.

La cámara, presidida por la jueza Katia Miguelina Jiménez e integrada por Esther Agelán Casonova y Sergio Antonio Ortega,  tiene también previsto interrogar en calidad de informante al ex superintendente de Bancos, Alberto Altalah.

El tribunal colegiado fue apoderado de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que dictó el juez Eduardo Sánchez Ortiz, del Séptimo Juzgado de Instrucción, quien envió por ante un tribunal criminal a Báez Figueroa y Báez Cocco.

La parte de la sentencia que tiene que ver con el No Ha Lugar también fue apelada por los abogados del Estado, por entender que dichas personas tienen que ver con el presunto fraude.

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