La “premura” por hacer un diagnóstico general de la institución, modificar sus patrones de trabajo  y adecuar el personal, fue lo que motivó a la Cámara de Cuentas a contratar a la firma auditora Price Waterhouse & Coopers sin hacer una licitación pública.

 Así lo declararon a Hoy miembros del organismo que pidieron no ser identificados “para respetar la vocería” de la institución.

Dijeron que  la firma auditora determinó que  la Cámara de Cuentas tiene demasiados empleados de planta, por lo que de 106 abogados que había en el departamento legal, han sido cancelados 54 y se proponen dejar sólo a 27.

Agregaron que igual se hará con los auditores, que en la actualidad son alrededor de 400.

Sin embargo, afirmaron que desconocen el monto por el cual fue contratada la auditora, señalando que el trabajo se le ha ido pagando a presentación de factura.

El seguro.  Los informantes también justificaron la contratación de un seguro médico internacional para los miembros del organismo, afirmando que es tradicional en la Cámara.

Dijeron que los miembros  podían optar porque el organismo les compre el seguro médico internacional que les oferta el Banco de Reservas, o les pague, al momento de su renovación, el que algunos de ellos tenía.

“Es lo que ocurrió con  la presidenta Licelott Marte de Barrios, que tiene  su seguro médico internacional privado, y como debía renovarlo ahora, en lugar de aceptar que la Cámara le compre uno nuevo, solicitó el pago de la renovación del que ella tiene”, subrayaron.

Informaron que otros dos miembros de la Cámara de Cuentas que también tienen seguro médico internacional privado son el doctor José Nicolás Almánzar y el licenciado Juan Luis Séliman.

La presidenta Marte de Barrios habría rechazado que se le comprara un seguro nuevo como, según alegan, le corresponde,  debido a que ello implicaría mayores recursos para  la Cámara.

Indelicadezas

A menos de tres meses en el cargo, a los miembros de la Cámara de Cuentas se les ha enrostrado la comisión de algunas “indelicadezas” en el organismo, como el  cobro de regalía pascual y bono sin corresponderles; la imputación de ilegalidad en la contratación de un seguro médico internacional, y la contratación de la auditora internacional  Price Waterhouse & Coopers  sin el previo concurso  de licitación que se establece por ley.