La Cámara de Cuentas determinó que el Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS), que dirige Tony Peña Guaba, incurrió en una serie de irregularidades en la contratación de los servicios de artistas, para realizar presentaciones gratis, con motivo de las festividades navideñas 2020.

De acuerdo con el informe, el GCPS contrató por RD$55,400,000 sin requerir a los contratistas de la certificación de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado de la Dirección General de Contrataciones Públicas, incumpliendo con las disposiciones de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones. De igual forma, se verificó que la entidad realizó contratación a personas con prohibición para ofrecer servicios al Estado.

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Asimismo, se realizaron pagos sin evidencia de la entrega de la factura con número de comprobante fiscal (NCF) gubernamental. El documento señala además, que se efectuaron pagos por RD$2,750,000 con errores en el registro de cédulas en el contrato.

Desembolsos realizados con fecha anterior a la firma del contrato, por monto ascendente a RD$32,050,000, es otro aspecto encontrado en la investigación.

La entidad dejó de retener el monto de RD$5,540,000 correspondiente al 10 % del impuesto sobre la renta, tal como lo indica la ley ll-92, que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana, y la Ley 253-12.

Los desembolsos fueron realizados sin la evidencia de certificación de pago de impuestos a la DGIl y a la TSS, como lo establece el artículo 8 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones.

El informe fue notificado para los fines correspondientes al ente auditado, a la Contraloría General de la República, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGIl), a la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog), a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), a la Procuraduría General de la República, con atención a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, así como a cualquier organismo contemplado en la ley, a fin de de que observen las disposiciones de los artículos 47, 48, 49 y 54 de la Ley 10-04, y procedan con las medidas pertinentes, en ocasión de los hallazgos encontrados sobre las inobservancias e irregularidades detectadas.

El informe fue firmado por Elsa Catano, Tomasina Tolentino y Elsa Peña.