LEONORA RAMÍREZ S.
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El presidente de la Cámara de Cuentas (CC) expresó que las fuerzas sociales y políticas deben promover cambios en la Ley 82-79 sobre la declaración jurada de bienes de los funcionarios del Estado, porque ésta sólo contempla sanciones administrativas.
Andrés Terrero dijo que esa legislación es muy benigna, porque quienes la incumplen reciben recriminaciones administrativas, y en el peor de los casos el cese del pago de sus salarios y remotamente la destitución.
Hay que promover ese cambio porque se fortalecería la democracia y disminuiría la corrupción administrativa, dijo al destacar que en el Congreso hay cinco proyectos que procuran esa modificación.
Asimismo, aclaró que a la CC no le corresponde velar por el cumplimiento de esa legislación, sino al Ministerio Público a través del Departamento de Prevención de la Corrupción.
Informe Ministerio Público
Terrero se refirió en esos términos al ser consultado sobre un informe publicado en las memorias del 2007 de la Procuraduría General de la República, en el que se establece que la mayoría de los funcionarios del Congreso Nacional, el gobierno central y los cabildos violan la Ley 82-79.
Vieja legislación
De acuerdo con el funcionario, la Ley 82-79 se promulgó en el gobierno del expresidente Antonio Guzmán (1978-82). En tal sentido, consideró que fue bastante oportuna en el contexto del fortalecimiento institucional, pero que después de 29 años debe adaptarse a la realidad vigente.