La Cámara de Diputados deberá entregar toda la información relativa a su nómina de asesores a un ciudadano, que la solicitó  acogiéndose a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

Así lo estableció el Tribunal Constitucional, al confirmar en todas sus partes la sentencia 166-2011 del Tribunal Superior Administrativo, que ordena al hemiciclo  entregar la información; y luego de rechazar un recurso en revisión incoado por la cámara baja.

En julio de 2010 el ciudadano Manuel Muñoz Hernández solicitó la nómina de asesores de la Cámara de Diputados, acogiéndose a la Ley 200-04.

Aunque la Cámara respondió a la solicitud, no incluía los nombres de los asesores, por lo que Muñoz Hernández recurrió en amparo ante el Tribunal Superior Administrativo.

Entonces, la Cámara de Diputados alegó que se trataba de datos que afectan la intimidad de las personas.

Empero,  el Tribunal Constitucional estableció que los nombres y apellidos de los funcionarios públicos no son datos que afectan a su intimidad, por lo que debían ser suministrados.

 La sentencia confirmada por el Tribunal Constitucional además otorga  un plazo de 30 días a la Cámara de Diputados, para que suministre la información, y  ordena al pago de una multa de RD$1,000 por cada día de retraso en la entrega.

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30 días

La sentencia confirmada por el Tribunal Constitucional otorga un plazo de 30 días a la Cámara de Diputados para que entregue la información solicitada completa, y  condena al pago de una multa de RD$1,000 por día de retraso.