Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República dieron garantía ayer de que están en la disposición de darle más tiempo al debate de proyecto de Código Penal, incluso, celebrar vista pública y modificarlo.

En la sesión, Alfredo Pacheco, presidente de la cámara baja, declaró que el conocimiento del proyecto se hará con detenimiento, debido a que hay tiempo para modificarlo y adelantó que podría ir a una vista pública, para que todos los sectores puedan opinar y hacer propuestas.

Aseguró que el Código Penal deben llevarlo sin prisa y tienen la propuesta que una comisión especial pueda escuchar a los sectores quieran manifestarse y hacer propuestas sobre los aspectos que se han estado señalando. “Sobre todo, hay tiempo para examinarlo con tranquilidad”.

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De igual, Ricardo de los Santos, presidente del Senado, se mostró abierto a que la cámara alta conozca cualquier modificación que le realicen los diputados al Código Penal. Dijo que están en la mejor disposición de volver a recibir el Código que aprobaron y enviaron a los diputados, y si estos los modifican, en el Senado, lo analizan y si están de acuerdo, aprobarlo otra vez.

El tema abrió más debates en el Congreso Nacional, entre los que se inscribe el vocero de la bancada de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Fulcar, al declarar el respaldo a que el documento de modificación del Código Penal sea sometido a vista pública.

Indicó que en la sesión de este jueves la iniciativa de Código Penal será enviada a la comisión especial.

Reiteró que la mayor parte del proyecto está consensuado, siendo pocos los elementos que causar diferencia.

Precisó que el propósito es sacar un Código Penal que no sea acrónico ni se convierta en retranca.
Mientras, el diputado Pedro Martínez, de Alianza País, afirmó que la propuesta de Código Penal tiene aspectos inconstitucionales y están dispuestos a que el Tribunal Constitucional lo conozca, posición que apoya el diputado peledeísta Gustavo Sánchez.

Martínez entiende que el Código es conservador y pretende extender un manto de impunidad a delitos realizados al amparo de prácticas religiosas, que nada tienen que ver con la fe en Dios.