El balance del 2008 deja ver que las Cámaras Legislativas estuvieron inusitadamente abiertas a reclamos de sectores que tras no lograr la reacción a que aspiraban en el gobierno central    recurrieron al foro mayor de la representación ciudadana constituido por hacedores de leyes que ensayaron entonces a ser árbitros y facilitadores, con la posibilidad de ejercer sus facultades en beneficio de  los reclamantes  pero en  armonía con el Poder Ejecutivo.  La actitud de los legisladores concedió espacio amplio al diálogo para la disuación de la protesta y la confrontación.

En notables casos -como sucedió con el Colegio Médico, la apelación al Congreso no dio  los frutos finales que se procuraban. La gestión sirvió básicamente para abrir una válvula de escape a las tensiones de una lucha tenaz por aumentos salariales. Con posterioridad, muchas insatisfacciones de otros  conglomerados que demandan respuestas del oficialismo han crecido y dramáticamente ha salido a relucir que durante todo el año que termina el Poder Ejecutivo fue generoso en prometer y avaro en cumplir. De ahí que el sector agropecuario en general  esté dando demostraciones de desesperación  al elevar su voz y proclamar que los números de su contabilidad están en rojo. Algo debe ocurrir, en la cima, para  evitar que estas imploraciones solo sirvan para emitir nuevas promesas con  vocación de caer en el olvido.

A qué atenerse  con el Código

La queja más común que se emitía   hasta ahora  respecto de algunas actuaciones de la justicia era que resultaba extremadamente exigente con la minuciosidad de los indicios y expedientes, lo que facilitaba la rápida excarcelación de no pocos acusados. Pero el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, José Fernando Pérez, afirma que ha estado ocurriendo lo contrario: predomina en el 80% de los fallos de los jueces de Instrucción el envío a prisión de prevenidos como medida de coerción no bien fundamentada.

 Frente a esta  denuncia que contradice la percepción más generalizada, la Suprema Corte de Justicia debería decir la última palabra reclamando la especificación de casos para investigar. Mientras, surge el temor de que en verdad  algunos magistrados incurrieran en ligerezas al  dejar en libertad a delincuentes peligrosos mientras otros jueces disponían encarcelaciones que no se justificaban. Desajustes por ambos lados.