Aún con mínimos detalles negativos, propios de toda tarea que se inicia, resulta incuestionable que la implementación del 911 ha dejado importante saldo positivo para la población y es una actividad que hay que preservar y perfeccionar para el bien de todos. Juntamente con ese encomiable proyecto, punto luminoso en la gestión gubernamental del reelecto presidente Medina, se estableció un programa de colocación de cámaras públicas de vigilancia en diversos sectores de la ciudad capital; a eso se agregó el esfuerzo de muchas instituciones privadas y residencias particulares que aumentaron la cobertura de observación para disuadir a delincuentes y criminales de cometer sus delitos. Me satisface haber abogado por esto, a través de este periódico, en el año 2009, más de tres años antes del nacimiento del 911 al amparo del actual gobierno, momento en que también me referí a las cámaras “inútiles” como las legislativas, la de cuentas (“cuentos”) y judiciales, y la debilidad representada por los apagones para que la función de las cámaras útiles fuera efectiva.
Los hechos han demostrado que las grabaciones de las video cámaras pueden ser decisivas en la solución de crímenes y delitos, por lo cual el gobierno debería fortalecer esta herramienta y la población, con esfuerzo individual o a través de juntas de vecinos, hacer su aporte.
Mi sugerencia final es que se establezcan leyes y reglamentos que penalicen el hurto y vandalismo contra las cámaras de vigilancia pública, con lo cual las cámaras inútiles contribuirían a la preservación de las cámaras útiles y disminuiría la percepción de que el Congreso es un antro de vividores del presupuesto nacional, con cofresitos y barrilitos “legalmente” incluidos.