Resulta impostergable modificar paradigmas en nuestro quehacer político. Solemos centrarnos en cambiar políticos en lugar de políticas cuando un político puede cambiar de políticas. Así nos enseña la historia. Napoleón Bonaparte, de emanación militar dentro de la monarquía francesa, se insertó en la revolución que la derrocó, evitó que la realeza retornara, rigió la revolución hasta finalizar proclamándose emperador. Máximo Gómez, líder independentista cubano, fue anexionista dominicano. Balaguer, insertado en la dictadura, protagonizó transición democrática e impulsó reformas que no han podido ser superadas.

Adicionalmente, seguimos la falsa creencia de considerar realizado lo idealizado en leyes. Desde las leyes de Indias durante la conquista de nuestro continente hasta reelección presidencial. Desde nuestra primera Constitución en 1844 hasta hoy, se ha postulado su prohibición. El artículo 98 de aquella consignaba, que nadie “puede ser reelecto… sino después de un intervalo de cuatro años”; igual que ahora. Sin embargo, con excepción de ocho años de presidencias de Guzmán (1978) y Fernández (1996) nunca se ha cumplido, esencialmente, esa previsión.

En los 160 años restantes de vida republicana hasta 2012 sufrimos 68 años de gobiernos de fuerza (Santana, Báez, Lilís y Trujillo) incluyendo la ocupación militar de 1916. Tuvimos 42 de democracia prolongada por más de cuatro años: (Ramón Cáceres, Horacio Vázquez, Balaguer y Fernández). Los 50 restantes se lo repartieron 47 presidentes que duraban apenas algo más de un año dentro de un personalismo mesiánico susceptible de expresarse en “quítate tú para ponerme yo” que no contribuyeron a nuestro desarrollo como nación organizada.

Estos 170 años de leguleyismos y mesianismos políticos son pues más que suficientes para demostrar la necesidad de cambiar criterios, enfoques y procederes. No seguir creyendo que basta consagrar disposiciones legales para cambiar realidades, como tampoco enfatizando hasta la encarnación mesiánica de políticos para encarar nuestras urgencias nacionales.

En lugar de eso, las instancias responsables de la nación deberíamos contribuir a crear condiciones para propiciar políticas basadas en realidades y resultados que inspiren el ejercicio del poder para progresar como nación organizada.

Para ello no es necesario mayores rebuscamientos pues casi todo, por no decir todo lo fundamental, está dicho. Y hasta escrito en planes y leyes.

Más que enfatizar leguleyismos y políticos resulta imperativo pues propiciar adopción de políticas decisivas sobre temas neurálgicos como corrupción partiendo de declaraciones de bienes y tributarias, facilitar actuación de justicia, disciplinar fiscalidad limitando endeudamientos partiendo de reducción burocrática, revisar subsidios que no inhiban emprendimiento (“sociales”) ni obstruyan competitividad (energía), aplicar competencia en beneficio de productores y consumidores, invertir recursos públicos en necesidades sociales y apoyando producción, ejercer autoridad en el transporte, etc.