La violencia no es un fenómeno nuevo en la sociedad dominicana. Ya desde inicio del siglo pasado José Ramón López hablaba del “espíritu belicoso del pueblo dominicano” y presentaba el “impulsivismo sin fundamento” como uno de los defectos de la colectividad nacional.

Amén de lo expuesto, en los últimos años nuestra sociedad ha visto la ocurrencia, de manera alarmante, de hechos de violencia, y junto a éstos, actos de delincuencia criminal que han afectado seriamente, la cohesión interna de la comunidad que constituimos.

Frente a esta realidad incontestable, resultan chocantes los esfuerzos que desde diversas instituciones oficiales se hacen para hacernos creer que en el país están disminuyendo de manera significativa la violencia y la delincuencia. ¿Cómo creer que éstas disminuyen en un país donde ya no es un secreto el grado de  proliferación del narcotráfico?

En el mismo sentido nos parece inapropiado el esfuerzo que  hace la Secretaría de Interior y Policía  para que se crea que en el país la violencia delincuencial ha disminuido, y que es la violencia social la que se ha elevado. ¿Acaso la violencia y los crímenes intrafamiliares, entre vecinos y amigos, ocasionados por inconsciencia, por celos, por tragos o por otras causas, no convierten a sus ejecutores en delincuentes y criminales?

La referida diferenciación puede tener sentido para el trazado de programas (preventivos o de rehabilitación),  pero no para derivar que  la delincuencia ha bajado en el país. Estos equivocados e inútiles empeños parecerían querer mostrar que los gerentes del área han sido eficientes en sus funciones y en el cumplimiento de sus planes. Pero la verdad es que poco se ha logrado. Dichos funcionarios no deberían, sin embargo, temer que se les vea como los culpables del incremento del fenómeno, dada la  gran diversidad de factores sociales, económicos, culturales y políticos que confluyen en su determinación y que  sobrepasan sus posibilidades actuales.

 Entiendo que  el “Plan de Seguridad Democrática” y  “Barrio Seguro” han fallado, pues de lo contrario cómo explicar el insólito aumento de los “intercambios de disparos”  y de los “linchamientos” en el seno de muchas barriadas de la capital y de diversas  provincias del país. Los “intercambios de disparos” instrumentados por la Policía Nacional, y sobre cuyo ascenso ha llamado la atención el Dr. Franklin Almeyda, vienen a sumar violencia al ya preocupante panorama nacional.

Dejémonos de cuentos chinos, los niveles de  violencia y de  delincuencia se mantienen, o cuando más, han disminuido en una proporción casi imperceptible. Por ejemplo, datos estadísticos ofrecidos por la Procuraduría General de la República arrojan que mientras en el 2005 fueron registradas 2,144 muertes violentas, en el 2006  la cantidad fue  2,111, es decir apenas  33 casos menos. Respecto a los actos de feminicidios, el Departamento de Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de la Mujer consigna una diferencia de apenas seis casos entre 2006 y 2007. Esto es, mientras en el 2006 sucedieron 178 feminicidios, en el 2007 se registraron 172 casos.

Hay que señalar, sin embargo,  que para establecer  los niveles de violencia y delincuencia en el país no deberíamos ceñirnos al número  de muertes violentas o de actos delincuenciales registrados en departamentos estadísticos, sino que  debiera considerarse la gran cantidad de acciones de esa naturaleza que no son recogidas oficialmente.

Desde ese punto de vista  creemos que ha crecido la  vulnerabilidad de la seguridad ciudadana y que crecerá más mientras reinen tantas exclusiones e inequidades que hacen que las mayorías alcancen  sólo metas sociales  que no son las que se dice  se pueden alcanzar. Esto propicia una crisis permanente  en el sistema de oportunidades sociales.

Creemos que seguirán la violencia y la delincuencia  mientras no se ponga atención al serio problema ético y de valores que nos afecta, que se traduce en una elevada corrupción administrativa pública y privada, en impunidad, en crecimiento del narcotráfico y en una participación alarmante, según las últimas estadísticas, de jóvenes de 17 a 21 años de edad en actos de atraco.

Para cambiar el desbocado curso  de violencia  por el que  transitamos, factible de agravarse con los efectos de la compleja y dura crisis actual del capitalismo,  se impone que además de lo  dicho, en el país emprendamos  una campaña nacional basada en la pedagogía del ejemplo, en la que todos, en el hogar, en la escuela, en el centro laboral, en la calle, en la arena política, comencemos a abstenernos de practicar la violencia en sus diversas formas e intensidades.