Hace un tiempo, se alegaba que el problema principal de la democracia institucional lo constituía la reelección presidencial. La No Reelección llegó a considerarse la panacea de todos los males nacionales. A su entender, los gobernantes no podrían hacer uso de los recursos del Estado para favorecer al partido de gobierno y a su propia candidatura. No solo era un reclamo de los partidos políticos de centro, izquierda y derecha, sino de la Sociedad Civil.
Producto de dichos reclamos, se hicieron varias reformas constitucionales. Para eliminarla, luego para volverla a poner, quitarla de nuevo, y después para volverla a permitir, solo por un período más. Y como el actual presidente de la República, según la vigente, no puede volver a postularse, a menos que se haga una nueva reforma constitucional, oposición ni sociedad civil hablan de ese tema. Talvez pensando que de llegar al gobierno podrían beneficiarse de esa posibilidad.
Parece ser, que han descubierto que el problema no era la reelección como postulaban antes, sino la composición de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral. Y han iniciado jornadas de lucha, para tratar de convencer a la gente de la necesidad de sus planteamientos y reclamos.
Nadie discute lo que la oposición plantea ahora, ni los métodos que está utilizando. Esas son sus decisiones. Pero deberían tomar en cuenta que, en realidad, esas cosas no son las únicas, ni las más importantes. Que hay otras de igual o más importancia, como la Ley de Partidos y la Ley Electoral. Por tanto, no deberían dar la impresión de que solo les interesa la composición de los organismos electorales.
Porque quienes van a designar los integrantes de la Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y las Altas Cortes, no son aquellos a quienes la oposición quiere convencer de su conveniencia, sino los organismos establecidos por la propia Constitución y las leyes. Y es allí donde ellos deberían participar y exponer sus argumentos y propuestas, tratando de ser convincentes.
La oposición debería detenerse y analizar si lo que conviene ciertamente es, seguir forzando por una composición de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, o si sería mejor, mantener sus deseos, pero centrarse en lo relativo a la Ley de Partidos y la Ley Electoral. Tratando de que en la composición de la Junta y el Tribunal haya personas que de alguna forma ofrezcan garantías de que las cosas se harán de acuerdo a la ley.
Escribí la semana pasada que la coyuntura política es oportuna para que la cúpula partidaria, gobierno y oposición, se sienten a analizar temas de interés nacional, convenientes para el presente y futuro democrático e institucional del país Y que entre otras cosas, podrían aprovechar para impulsar la Ley de Partidos y Ley Electoral.
Eso podría ser mucho más efectivo que continuar enfrascados en determinar quienes irán a los organismos electorales, pues los miembros que sean escogidos, tendrían que ajustarse a lo que se establezca a partir de las nuevas leyes.