A veces nuestra manera de actuar ante la ley deja  la impresión de que producimos pautas y normas para tener algo que violar, no para respetarlas y regirnos por su mandato.

Si la reflexión anterior pareciera exagerada, injusta, salgamos a la calle a observar cuántos y con qué frecuencia violan la mayoría de los conductores la ley de tránsito.

Y en ese caso particular se trata de una ley que hemos actualizado y afinado para que contemple todas las situaciones posibles en materia de tránsito de vehículos.

Si no bastara el ejemplo de lo que hacemos ante la ley de tránsito, podemos citar otro ejemplo de violación rampante y desconsiderada de una pauta por la que se esforzó bastante esta sociedad y que tiene vinculación, de alguna manera, con los derechos individuales.

Un estudio realizado por un organismo del grupo cívico Participación Ciudadana permitió establecer que la mayoría de las entidades del Estado no cumple el mandato de la ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública.

Según el informe final del estudio, ha habido poco avance en la instalación de las oficinas de acceso a la información en dependencias oficiales y de veintidós organismos estatales, solo diez habían designado Responsables de Acceso a la Información (RAI), como dispone la ley.

Se consigna en el estudio que al menos la mitad de la información pública solicitada por ciudadanos no ha sido suministrada como se establece en la ley.

El acceso a la información pública es un derecho de todos los ciudadanos en ejercicio de sus facultades cívicas y la ley sobre la materia establece sanciones severas para los funcionarios que desconozcan ese derecho.

El ímpetu inicial por hacer valer este derecho parece haber sucumbido ante nuestra manía de violar todo cuanto pretenda poner en orden nuestras acciones.

Por una cédula confiable

La Junta Central Electoral (JCE) ha dispuesto la anulación de más de cuatrocientos ejemplares de Cédula de Identidad y Electoral y el sometimiento a la justicia de quienes las adquirieron, bajo cargos de falsificación y suplantación de actas de nacimiento de dominicanos para favorecer a haitianos.

La decisión se deriva de comprobaciones efectuadas en varias oficialías del Estado Civil, como parte de una investigación de amplio alcance encaminada a depurar la Cédula de Identidad y Electoral.

La cédula como tal continúa siendo un documento muy vulnerable a las falsificaciones y suplantaciones, a pesar de lo confiable que es el Registro Electoral.

En épocas pasadas la “nacionalización” de haitianos indocumentados  fue un arma política empleada para decidir elecciones, y aunque esa práctica parece haberse reducido a expresiones mínimas, la cédula parece continuar siendo muy vulnerable.

Siempre nos ha preocupado la manera en que son manejados los denominados archivos muertos relacionados con documentos necesarios para obtener la cédula.

Aquí hay que esforzarse por elaborar un documento más confiable y seguro, que incluya rasgos biométricos de la persona difíciles de adulterar o falsear.

La venta de identidad parece ser todavía un negocio bastante lucrativo y hay que actuar para que deje de serlo.