POR CLAUDIO CABRERA
Al registrar el coste-beneficios de sus acciones, los gobiernos toman muy en cuenta sus resultados en el corto plazo, pero muchas veces no miden las consecuencias que inmediatamente tienen estas decisiones, ya que en lo inmediato, es difícil muchas veces predecir las repercusiones.

Normalmente eso ocurre cuando en situaciones de crisis como la que ha transcurrido en la economía dominicana, prevalece la tendencia a racionalizar las acciones de grupos hegemónicos de Poder, legitimando sus decisiones mediante las ya conocidas “razones de Estado”. Para la década de los años 70, el gobierno del doctor Balaguer empezó a alarmarse por el elevado nivel de deforestación creciente en los bosques diseminados por todas las regiones del país, el remedio propuesto para detener la depredación de la floresta del país fue la de intensificar las importaciones de Gas Licuado de Petróleo (GLP), con el fin de contrarrestar el uso de leña y carbón.

Esto fue la continuación del hito que significó para los dominicanos, la famosa campaña iniciada desde fines de 1961 contra la quema y tala de árboles para aplicarlos en el uso como leña, que se tradujo en la entonces conocida campaña radial de “campesino, ten cuidado al dar fuego a una tumba”.

Al final de esos años y en el transcurso de los 80, de hecho los núcleos familiares residentes en gran parte de los polos urbanos principales del país, habían ya cambiado la cultura del uso de leña y carbón hacia el de gas licuado en pequeños, medianos y grandes cilindros, los cuales se propagaron por todo el país.

Los diferentes gobiernos asumían medidas tras medidas para acelerar el cambio del uso generalizado de “anafes” por pequeñas y grandes estufas, a cuya destreza en el uso se acostumbraron rápidamente los dominicanos, como parte de su ingreso a la era en que comenzaban a prevalecer importantes signos de modernización.

El subsidio no alcanza

Hasta que al final de los años 90 no comenzaron a sentirse los primeros signos de fallas en el prevaleciente sistema de importaciones de combustibles fósiles como el GLP y otros, en un país que como República Dominicana no dispone de estas reservas, no pudo sacudirse de la amarga pesadilla que significaba adoptar sistemas de convivencia con tecnologías avanzadas, pero importadas.

Estas acarrean grandes gastos en dólares para cubrir su adquisición en los mercados extranjeros y por tanto, son el eslabón más vulnerable cuando se producen fallas en el suministro de divisas a través del flujo que el país debe sostener mediante su sector externo.

Desde el año pasado y en lo que va de este, las autoridades han venido confrontando problemas para poder seguir subsidiando el GLP, ya que no obstante haberse programado más de RD$6,000 millones para tales fines, tan sólo al quinto mes las autoridades habían comprometido más de RD$5,000 para cubrirlo.

En el caso de la Ley 112-00 del 8 de diciembre del 2000, que dispone un subsidio al GLP para uso familiar, los conflictos resultantes del alto costo de su importación, de un lado, junto a la necesidad de proteger el presupuesto de las familias pobres y al medio ambiente para evitar el uso intensificado de la leña y el carbón, implicaron grandes desafíos para los gobiernos en los últimos años.

Con el advenimiento de la crisis financiera que arrastró a toda la economía y a la consecuente inflación desatada, el gobierno se fue quedando con pocas posibilidades de adquirir dólares en el mercado libre para cubrir sus compras en el exterior.

Un documento de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, fechado al 6 de agosto de este año, indica que hasta ese momento las autoridades habían pagado por concepto de subsidios generalizados a las 3 empresas importadoras más importantes, RD$4 mil 955.17 millones, con deudas pendientes con éstas ascendentes a RD$820.42 millones, tras haberse tramitado a través de la Secretaría de Estado de Finanzas.

A estas alturas, las autoridades han estimado que de continuar subsidiando el GLP en forma generalizada, el gobierno no dispondría de fondos suficientes, por lo cual se dispuso a evaluar mediante estudios la posibilidad de eliminarlo a cambio de establecer un subsidio focalizado para familias y personas pobres.

Aunque el subsidio focalizado por el generalizado, para muchos, quitarlo significará apretar más a los sectores de clase media empobrecida, así como a los pobres en vista de que en el país no se dispone de experiencias efectivas en la aplicación de los subsidios focalizados por lo cual prevén que podría ser un fracaso.