Lo que para muchos han sido las típicas aguas de mayo, para cientos de familias ha significado la pérdida de sus viviendas, pertenencias e incluso de seres queridos. Hasta ahora, se reportan más de 700 hogares afectados, unas 3,700 personas desplazadas a zonas seguras, cerca de 700 mil con el suministro de agua interrumpido y al menos una persona fallecida. Como casi siempre, las víctimas han sido los sectores más vulnerables.

Estos fenómenos extremos son cada vez más frecuentes, intensos y devastadores. Esta vez, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha declarado nueve provincias en alerta amarilla y varios municipios en alerta roja por las lluvias continuas. Pero mañana puede ser cualquier otra parte del país. Las precipitaciones torrenciales, crecidas de ríos, deslizamientos de tierra y sequías no son hechos aislados: son parte de una tendencia creciente asociada al cambio climático.

En su más reciente informe Estado del Clima en América Latina y el Caribe 2024, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte que la temperatura promedio en la región ha aumentado un grado Celsius. Este incremento ha contribuido a romper récords en huracanes, incendios forestales, sequías e inundaciones. El informe también subraya sus consecuencias sociales y económicas, especialmente en países con alta vulnerabilidad como el nuestro.

Otros estudios alertan sobre impactos severos en sectores como la agricultura, seguridad alimentaria, turismo y las infraestructuras clave. Además, el cambio climático afecta directamente la salud y los medios de vida de millones de personas. Muchas comunidades están siendo desplazadas por lluvias intensas, sequías prolongadas o desastres provocados por la inestabilidad climática.

El Informe de Riesgos Globales 2025 del Foro Económico Mundial ubica los riesgos medioambientales —como eventos meteorológicos extremos y pérdida de biodiversidad— entre los principales desafíos del presente y del futuro.
República Dominicana figura entre los países más vulnerables al cambio climático, en parte por su ubicación geográfica en la ruta de los huracanes. Se estima que el país pierde en promedio un 0.9 % del PIB cada año por efectos del cambio climático y que estas pérdidas podrían alcanzar hasta un 10 % ante un evento extremo.

En este contexto, el país ha logrado avances importantes. Uno de ellos es la implementación de sistemas de alerta temprana que han permitido salvar vidas. Otro es la respuesta del sistema de protección social, a través del programa Supérate, que desde el huracán Fiona ha activado un bono de emergencia para apoyar a las familias afectadas. Este esfuerzo ha sido reconocido internacionalmente como un ejemplo de protección social adaptativa, capaz de actuar con rapidez frente a desastres.

La nación cuenta, además, con un Plan Nacional de Adaptación ante el Cambio Climático. También ha incorporado la gestión de riesgos climáticos al sistema de inversión pública y al Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. La Dirección General de Presupuesto (Digepres) ha creado un clasificador funcional del gasto público en cambio climático, que permite medir mejor los recursos asignados a la preparación, adaptación y respuesta.

Sin embargo, los retos siguen siendo enormes. Los eventos extremos no distinguen clase social, pero siempre castigan con más dureza a quienes menos tienen. Es urgente ampliar el financiamiento para la adaptación climática. La limitada capacidad fiscal del país, tras la pandemia, exige soluciones innovadoras: bonos verdes, alianzas público-privadas y cooperación internacional.

Una tarea pendiente es mejorar el acceso a seguros. Hoy, la cobertura es baja y no alcanza a quienes más lo necesitan, como los pequeños agricultores que pierden sus cosechas sin ninguna red de protección.

El cambio climático ya no es una amenaza del futuro: es una realidad del presente. Y su costo no solo se mide en cifras, sino, en vidas humanas. La respuesta debe ser colectiva, sostenida y centrada en la justicia social.