POR M. DARÍO CONTRERAS
Muchas esperanzas están cifradas en el nuevo gobierno que se inicia este 16 de agosto de 2004. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) vuelve a repetir en la Presidencia de la República después de cuatro años de estar en la oposición y en minoría, con el doctor Leonel Fernández a la cabeza otra vez como Primer Mandatario. Los nuevos gobernantes inician con la segunda votación más alta a su favor, en elecciones modernas, para dirigir los destinos nacionales.

Otro factor favorable es el apoyo de fuerzas políticas con las que podría formarse un gobierno con visos de unidad nacional, así como una ciudadanía que reconoce las serias dificultades con que se han de enfrentar las nuevas autoridades y, por tal motivo, dispuesta a brindar un compás de espera para que se materialicen cambios que apunten hacia una mejoría de la desastrosa situación económica y moral en que nos encontramos.

Desafortunadamente, los serios problemas que deben enfrentarse son de larga data, como es el caso de la energía eléctrica y la situación de las quiebras financieras. Los problemas sistémicos en la generación y distribución de la electricidad se remontan al inicio del proceso de «democratización», después de la desaparición de la dictadura Trujillista, al insertarse el clientelismo político y los favoritismos y popularizarse la corrupción. En cuanto a la operación de las entidades financieras, basta recordar la serie de quiebras fraudulentas ocurridas en el gobierno del doctor Jorge Blanco, producto, en gran parte, de una falla en el sistema de supervisión y control por parte de las autoridades monetarias. Algo similar ocurrió con las recientes quiebras de los tres grandes bancos, que fueran reveladas el pasado año.

Ante el historial de una crisis energética y otra financiera que cubre varios períodos de gobierno, resulta un poco iluso pensar que la solución de las mismas será fácil o sencilla. No será suficiente el promulgar leyes y reglamentos si no se procede a hurgar en las raíces del problema, y a establecer responsabilidades que permitan corregir los errores y omisiones del pasado. Detrás de toda esta crisis se encuentra la venalidad gubernamental y la incapacidad gerencial de muchos de nuestros servidores públicos. Igualmente, esto toca a la clase empresarial, que también ha sido contaminada con la ausencia de valores éticos y que influyó a que se confabularan con los responsables de salvaguardar el patrimonio nacional – aunque algunos afirmarían que para sobrevivir en nuestro medio, el empresariado necesita doblegarse a funcionarios públicos venales.

La solución del problema eléctrico dependerá, sobre todo, de las acciones que puedan emprender los funcionarios responsables del Gobierno Central. El caso del desastre financiero, sin embargo, es una responsabilidad compartida entre el equipo económico del gobierno y el Poder Judicial. Es de esperarse que, paralelamente a las medidas económicas y financieras que se adopten, también el proceso judicial avanzará lo suficiente para establecer responsabilidades en lo que se ha tipificado como quiebras fraudulentas. Si bien la población dominicana espera un respiro y una mejoría en las precarias condiciones económicas que vive actualmente, su presente frustración por el empobrecimiento que padece también demanda que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias en el mayor acto de corrupción de nuestra historia.

Las actuaciones del nuevo gobierno se medirán no solamente por el éxito de las medidas económicas que se adopten, sino también por el vigor con que se luche contra las lacras que han impedido que nuestros gobernantes sean verdaderos servidores públicos, garantizadores del bienestar nacional, comprometidos con un Estado de Derecho que promueva la democracia participativa y transparente a la que todos anhelamos, y que los políticos prometen para alcanzar el Poder.