¿Cambio de orientación?

Anteayer, sábado 23 de marzo de 2013, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) anunció que “construirá tres puentes sobre los ríos Ozama e Isabela, la ampliación de la avenida Ortega y Gasset hasta Villa Mella y dos grandes parqueos en la zona colonial de Santo Domingo”. El objetivo de estas obras fue señalado por el ingeniero Miguel Pimentel, director de la OISOE, como “el descongestionamiento del tránsito desde y hacia el Distrito Nacional”.

El conocimiento del anuncio de la construcción de puentes para vincular a Santo Domingo con el resto del país, podría provocar en sectores profesionales del área un mezclado sentimiento de regocijo, a pesar de lo mucho que se han demorado en adoptarlo. Es grande el daño que se ha producido en la calidad del tránsito de la ciudad por la reiterada posposición de estos proyectos. El regocijo debe predominar porque esos proyectos coinciden con planteamientos difundidos públicamente desde el lunes 20 de septiembre de 2004, hace hoy ocho años, seis meses y cinco días. Debía alegrarse uno de que, a pesar de que han pasado más de 3,000 días sin que los gobiernos de la corporación Partido de la Liberación Dominicana hicieran caso a importantes propuestas y, por fin, hayan admitido la necesidad de ejecutarlas para resolver problemas críticos que afectan considerablemente a la capital.

Nadie debía olvidar que la capital dominicana es una isla rodeada por el mar Caribe y los ríos Haina, Isabela y Ozama. No debía permitirse más el progresivo deterioro de los puentes “Sánchez”, sobre el Ozama, el “Peynado” sobre el Isabela y el “Troncoso” sobre el Haina.

Este anuncio, aparentemente evidencia que el gobierno de Danilo Medina está tratando de restar importancia a la esquizofrénica locura del Metro. Un proyecto que, desde sus inicios, se ha evidenciado como dañino para la circulación vehicular en su zona de influencia y como cáncer incurable por sus efectos sobre la deuda externa de República Dominicana. Podría especularse que el Poder Ejecutivo está estableciendo un orden diferente en las grandes inversiones que beneficien la circulación vehicular en la capital. Esto, en vez de seguir estropeándola como han hecho el Metro y la ausencia de autoridad institucional de parte de los organismos a cargo del sector transporte.

Algo que se le debe recordar a la OISOE es que en lo que se diseñan y construyen esos enormes puentes, el caos del tránsito en la capital dominicana seguirá creciendo exponencialmente. Para evitar que el sistema terrestre de ingreso y salida de la capital dominicana colapse inesperadamente, mientras se construyen “los puentes de la OISOE”, es necesario colocar estructuras transitorias sobre esas vías de agua. “En lo que el hacha va y viene”, sería recomendable atender algunas de de las propuestas hechas desde 2004 que no se han mencionado todavía. Sobre las ideas de aquel momento se publicó entonces que “Debían construirse cuatro puentes de pontones en los ríos Isabela, Ozama y Haina como estructuras transitorias para hacer frente al peligro que corre la capital de quedar aislada por el deterioro, y probable colapso, de los puentes existentes”.

Y la solución de corto plazo la tenemos a mano. Nada ha beneficiado tanto al tránsito durante una década que la puesta en funcionamiento del puente flotante en el extremo Sur del río Ozama, cercano a la desembocadura. Fue una estructura provisionalmente construida que su magnífica eficiencia la ha convertido en definitiva. Y lo que es mejor, ese mecanismo fue construido en breve plazo por dominicanos, viejos “lobos de mar” de la Marina de Guerra, por lo que no hubo que pagar un costo político ante el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para conseguir una solución parecida.

En definitiva, las declaraciones de la OISOE deben ser recibidas con beneplácito. Aunque muy demoradas en el tiempo, mientras el caótico tránsito capitalino se deterioró progresivamente, hacía falta que una medida razonable surgiera desde la administración pública. En lo adelante, el buen proyecto debe ser protegido de los tradicionales depredadores del erario, quienes podrían no estar en su mejor momento, pero saben cómo meter zancadillas para impedir que otros, mejor intencionados, pudieran evidenciarlos como maleantes de la política nacional.