Editada por Richard Lapper con notas de Jonathan Wheatley, Adam Thomson y el editor
Al impulsar un alivio en las restricciones a los viajes para los cubanoamericanos, William Delahunt, el congresista demócrata de Massachusetts, pudiera estar halando el cordel que empezará a desenredar la política de Estados Unidos hacia el estado comunista.

Esto se debe a que los cabilderos de derecha, que han luchado por defender el embargo comercial y a los viajes de EEUU durante décadas, les resultará particularmente difícil oponerse a una reforma ampliamente respaldada en la comunidad cubanoamericana, en especial por las generaciones más jóvenes de emigrantes que llegaron en el éxodo de 1980 y 1994.

La derrota para la administración en un proyecto de ley, como el de Delahunt, o sobre una liberalización de los viajes más amplia que favorece el congresista Jeff Flake, revertiría un endurecimiento reciente de la política.

Con un ambiente en el Congreso cada vez más inclinado al cambio en la política cubana, desde que los demócratas ganaron el control de ambas cámaras, uno o más de los proyectos podría ser aprobado. Y aunque el presidente George W. Bush, casi con toda seguridad vetaría una reforma más amplia, pudiera resultarle imposible detener este tipo de incremento a favor de un cambio.

A la larga, alegan los proponentes del cambio, esto pavimentará el camino para una transformación más fundamental. Es cierto que el proceso pudiera resultar dilatado, pero una nueva política hacia Cuba debió realizarse hace tiempo. Durante décadas, el embargo comercial ha sido favorable a los comunistas de línea dura, que justifican con eso el control del Estado en áreas de la sociedad cubana. Ahora, cuando Cuba se adapta a las perspectivas de la vida sin Fidel Castro, es particularmente contraproducente. Esto se debe a que por primera vez en casi una década la reforma económica está en la orden del día. Raúl Castro, quien tomó las riendas del poder después de la cirugía intestinal de su hermano durante el verano, ha encendido un debate real sobre los problemas diarios de la economía. “Raúl [Castro] ha traído un liderazgo decisivo y matizado desde que tomó el poder a finales de julio. Está elevando las expectativas populares, cuidadosa, pero incuestionablemente de un cambio liberador”, dice Brian Latell, el influyente analista estadounidense radicado en Cuba.

Es un contexto en el cual el diálogo y la inter-relación pudieran resultar particularmente fructíferos. Como dijera Julia Sweig, analista del Consejo para Relaciones Internacionales (CFR) al Financial Times, la semana pasada, Washington tiene “que despertar finalmente a la realidad de cómo y por qué el régimen de Castro ha sido tan duradero, y reconocer que, como resultado de su ignorancia voluntaria, cuenta con pocas herramientas con las cuales influir en Cuba después que Fidel haya partido”.

EL COSTO DEL “DEFAULT”

Las propuestas de presupuesto que el gobierno ecuatoriano presentará al Congreso esta semana, bien pudieran incluir el pago de los intereses de la deuda en 2007. Pero no hay que dar ese hecho por algo concreto. Los precios derivados del crédito suponen una posibilidad de 80% de un “caso de crédito”, mientras que cualquier analista de un banco de inversión que usted pudiera citar está llegando a la conclusión de que un “default” es un hecho, con la especulación concentrada en el tipo de acuerdo que Ecuador le imponga a su acreedores. Barclays Capital concluye que un “recorte” de 60% es probable, sencillamente porque esto llevará la reducción de deuda acumulada, incluyendo la última reestructuración de Ecuador hace siete años a 76%, el mismo del patrón alcanzado por el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, hace dos años.

Es una apuesta tan buena como otra cualquiera. Nadie lo sabe realmente, puesto que el contacto entre el equipo financiero de Rafael Correa y los bancos, ha sido casi inexistente. El interés real se concentra ahora en el costo para la economía de Ecuador. Thomas Glaessner, de Citigroup, dice que podría haber un impacto a través del aumento en el costo (o cortes completos) de las líneas de crédito, aumento de las tasas de interés y fuga de capitales, en la medida que los grandes depositantes muevan sus recursos a inversiones más seguras, por no mencionar el impacto en un crecimiento más lento y decrecimiento en los influjos de inversión. También eleva la intrigante posibilidad de que los tenedores de bonos puedan “adjuntar” sus activos de Petroecuador, la compañía petrolera estatal. Si resulta que estos activos incluyen lo que proviene de las exportaciones de petróleo, Correa pudiera tener que hacer algún nuevo cálculo rápido.

EL PLAN DE ACCIÓN DE BRASIL

Entre el paquete de legislación presentado como parte del nuevo programa de crecimiento económico de Brasil, o PAC [Programa de Acelerado de Crecimiento], está un proyecto de ley para ser firmado como ley esta semana por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Establecerá un foro para discutir cambios en el quebrado sistema público de pensiones de Brasil, ampliamente considerado como el mayor impedimento para el desarrollo del país.

Acordar hablar sobre el problema pudiera ser una buena arrancada para un gobierno que se inicia. Pero Lula da Silva, -cuyo segundo mandato empezó el primero de enero-, ahora está en su quinto año en el poder. Es probable que el foro se tome al menos unos seis meses para producir las propuestas que, si tienen filo, requerirán la aprobación de tres quintas partes de los miembros del fraccionado Congreso brasileño.

No es este un “paso concreto”, como lo describió Lula da Silva cuando presentó el plan el 22 de enero. Sugiere que la reforma de pensiones es poco probable que vaya mucho más allá de una reforma laboral, otro gran problema identificado por la mayoría de los economistas, pero que no está en la agenda del gobierno. El PAC es un programa modesto de obras públicas que pudiera estimular algún crecimiento extra en la economía. Pero no es un programa de gobierno, y no debió ocupar el primer lugar.

LA ECONOMÍA DE LA TORTILLA

Felipe Calderón, el presidente novato, acaba de ser golpeado por su primera crisis: el costo en rápido aumento de las tortillas de maíz que tanta importancia tienen en la dieta de muchos mexicanos, en particular los más pobres.

¿Cómo le ha ido? Si usted acepta los argumentos de los economistas liberales del país, la respuesta es bastante mal. Calderón, dicen los economistas, debería enfrentar la escasez sencillamente importando más maíz de EEUU y dejando trabajar al mercado, sin intervención del gobierno. Por el contrario, el tecnócrata, que pasó por Harvard, abandonó los principios del libre mercado y obligó a los principales productores de tortillas del país a congelar los precios en 8.50 pesos por kilogramo. Esa estrategia tiene problemas claros. Y entre otros, al fijar un límite a los precios que pueden cobrar los productores, Calderón corre el riesgo de afectar la inversión en el sector y causar una depresión inflacionaria aún mayor en toda la línea.

Sin embargo, esos argumentos ignoran dos realidades presionantes. La primera, es que si Calderón hubiera dejado entrar maíz más barato de Estados Unidos, no hubiera habido garantía de precios más bajos para las tortillas. El mercado mexicano está dominado por solo una de las dos compañías que pudieran haber controlado las nuevas importaciones para mantener los precios artificialmente altos. La segunda realidad tiene que ver con la política. Andrés Manuel López Obrador, el líder populista de izquierda anunció una marcha a finales de este mes para protestar por el aumento de los precios. Si Calderón hubiera actuado de la otra forma, sus adversarios habrían aprovechado el problema.

El resultado final puede no haber sido la mejor solución en un mercado que funciona bien. Pero el mercado de tortillas de México no es competitivo y, dadas las todavía difíciles condiciones que enfrenta la nueva administración, Calderón hizo lo correcto.

VERSION IVAN PEREZ CARRION