La urgente necesidad de modificación que requiere el Código Procesal Penal (CPP), respetando siempre los mandatos constitucionales, representa una tarea impostergable en nuestra sociedad.

La permisividad y manos blandas de jueces irresponsables que se amparan en este código garantista, digno de mejor interpretación, están llevando al país a un estado  de indefensión e impunidad total.

Producto de esta situación, en los dos últimos  años, 1,517 acusados de crímenes de narcotráfico, asesinatos, violaciones y violencia de género andan por nuestras calles sin ningún control de las autoridades.

De este grupo, más de 900 fueron sometidos por narcotráfico, 313 este año y 637  el pasado 2010, dictándose contra ellos medidas de coerción que alegremente han violado, por lo que fueron declarados en rebeldía por el Ministerio Público.

Esta penosa y peligrosa situación seguirá dándose mientras no se aplique prisión preventiva a los acusados de asesinatos, narcotráfico y otros crímenes graves que laceran nuestra sociedad.

Quiera Dios que el Senado respalde a los diputados en sus  proyectos de modificación al CPP  y al Código del Menor, a pesar de la oposición de grupos defensores de los derechos humanos y  de la iglesia católica.

Porque si bien es cierto que el aumento de las penas, per se, no resuelve el problema de la delincuencia,  por lo menos sanciona con mayor rigor la criminalidad, en lo que se resuelve el problema a fondo.

Hay que apoyar al Congreso en sus trabajos de modificación al CPP y al Código del Menor y seguir saneando los tribunales de jueces complacientes que con sus actitudes se hacen cómplices de la criminalidad.