JULIO BREA FRANCO
Una reforma institucional es un cambio consciente y buscado. Lo que la diferencia del cambio histórico -que acontece sin una previa voluntad ni decisión- es precisamente eso: la reforma es un medio, un intento de intervenir en la realidad, de manera expresa, con el propósito final que sea diferente. Si se busca que la realidad sea distinta, el punto de partida ha de arrancar de la descripción y del diagnóstico. Es el mismo actuar, con idéntica lógica, del médico cuando, en su afán de mejorar y/o sanar un problema de salud, se preocupa de conocer los síntomas del paciente para, a partir de ellos, decidir el tratamiento. El peligro es obvio: la incorrecta lectura de la sintomatología puede hacer estéril la terapia.

Pero no solo eso. En todo momento debe estar presente la visión del conjunto. El buen médico, entonces, se preocupa por los efectos que la terapia pueda acarrear en el cuerpo del paciente considerado como un todo, como un sistema. Resolver un problema puede ocasionar otro, no buscado. ¿Acaso se pueden demoler paredes, abrir puertas y ventanas sin tomar en cuenta la estructura de una edificación a riesgo que se torne inutilizable?

Reformar un entramado institucional es algo similar. Pero advierto: así dicho luce muy sencillo y fácil. Sin embargo la intención es mucho más completa y ardua cuando nos trasladamos al ámbito social y político. En ese “mundo” los factores que influyen o condicionan la realidad no son tan obvios ni los medios de intervención suelen ser tan directos.

El problema del “desarrollo político” y de la denominada “ingeniería política” es ese. Esta expresión puede resultar más elegante y pomposa que efectiva. Ciertamente están los que abogan por esta concepción instrumental y los que disienten de ella. Y ambas con atendibles argumentaciones.

Los partidarios de la “ingeniería” se fundamentan en que la Ciencia Política es también un saber técnico, un saber aplicado, un conocimiento instrumental sobre lo medios y su cálculo para lograr un objetivo predefinido. Los del bando opuesto los acusan de enfatizar una operatividad que ni existe ni es posible. Más allá de la contienda y de la arena donde se  escenifica, lo importante a retener es que para cambiar algo debemos partir de un conocimiento decente del “como son las cosas”, del “cómo se quiere y desea que sean” – el propósito, el objetivo. Y más: “qué puede manipularse, qué se puede cambiar”; “qué debe hacerse y cómo. ¿En cuál medida lo recomendado puede traer consecuencias indeseadas? Esas constituyen las interrogantes.

No todo lo que se reglamenta en la legislación política tiene el mismo potencial de cambio. La reglamentación de los partidos y su financiamiento, para mencionar tan solo uno, ayudaría sin lugar a dudas, a la celebración de elecciones equitativas, pero siempre y cuando exista una instancia que vele por la aplicación de esa normativa y ejerza con autoridad ese control. Esta sería una condición previa e imprescindible.

El potencial de cambio en el sistema de partidos de una normativa de ese género no es el mismo que una modificación del sistema electoral (la fórmula, específicamente). Efectivamente esto puede apreciarse cuando se reforma la mayoría relativa para adoptar la mayoría absoluta con segunda vuelta para la elección del Presidente de la República, introducido en la reforma constitucional del 14 de agosto de 1994.

El cambio provocó la entrada de un tercer partido y la consolidación de un pluralismo moderado. El requerimiento de un piso mínimo de votos, el 50% más uno, abría la posibilidad de alianzas y colaciones. Ese fue el principal efecto pero no el único. Luego de una secuela de elecciones difíciles y muy estrechas (1986, 1990, 1994, la mayoría absoluta redujo esa probabilidad. Hay cambios que cambian más que otros.

Haciendo la suma; son múltiples los aspectos a considerar cuando se busca un cambio consciente. Por eso, reformar es un acto de inteligencia.