Camejo tratará de buscar salida a supuestos despidos en la Contraloría; advierte a los que incumplan decisiones del Presidente

Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, informó hoy que se reunirá con el director de la Contraloría General de la República, Haivanjoe NG Cortiñas, para tratar de buscar una solida a los supuestos despidos de empleados del área administrativa de la institución.

En ese sentido, el miembro del Comité Político del Partido del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), agregó que nadie puede alegar ignorancia de la Ley ni del memorándum  que trata lo de la carrera administrativa, por lo que advirtió  que cualquiera que viole la ley y no acate las decisiones del presidente Danilo Medina, lo está desobedeciendo.

Camejo reveló  que en la actualidad la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DGIG) que preside el doctor Marino Vinicio Castillo, procede a investigar si hay alguna violación a la Ley, revisando la certeza o no, junto a personas de carreras que supuestamente han sido afectadas en su derecho.

“Estos se van a reunir con el doctor Castillo, quien ya inició el proceso de investigación”, apuntó Ventura Camejo en una nota de prensa enviada a HOY por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Ventura Camejo expresó que con esa facultad está comprometido el mandatario, quien en el Consejo de Gobierno, expresó que no quería que se despidieran a los servidores  público, en especial de lo de carrera administrativa.

Dijo que en el caso de la Contraloría General de la República, en donde supuestamente se han reportado despidos,  su incumbente tratará de no crear conflictos,  sino buscar soluciones, dentro de un ejercicio democrático.

Empero, el dirigente del PLD recordó que  la ley y la Constitución, al referirse a la administración pública, establecen responsabilidad personal del funcionario quien la vulnere, siendo incluso sujeto a tener que  resarcir, incluso, con sus bienes a las personas afectadas.

Explicó también que se han dado otros casos, donde los  funcionarios, una vez al tanto de la ley,  han procedido a dar marcha atrás a su decisión de cancelar a empleados.