El director general de Aduanas, Rafael Camilo, afirmó ayer que debe ser estudiada la posibilidad de modificar el Tratado de Libre Comercio con  Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) y las capacidades de producción de los sectores  nacionales, ante las quejas de estos de que han sido muy  afectados por el acuerdo.

Camilo destacó que el DR-Cafta ha hecho daño, ha provocado el cierre de muchas empresas  y cada día acuden a Aduanas industriales quejándose de que la competencia de Centroamérica y Estados Unidos le está haciendo daño.

Expresó que el  DR-Cafta ha creado problemas a los productores agropecuarios y sobre todo a los industriales, especialmente porque la economía dominicana no estaba preparada para una apertura comercial tan violenta.

Dijo que  ha sido muy cuesta arriba para la economía dominicana competir con países más desarrollados sin prepararse adecuadamente, por lo que consideró necesario estudiar si se debe a problemas con el DR-Cafta, con la competencia o si no hay capacidad para competir.

“No necesariamente el problema es el acuerdo, puede ser que la industria dominicana no se haya actualizado tecnológicamente y no tenga capacidad de competir, eso puede ser, pero debe ser estudiada la situación”, expresó.

Camilo ofreció estos detalles luego de una rueda de prensa donde  informó que han aumentado los operativos y fortalecido las acciones que ejecutan contra la práctica ilegal de robo de cables telefónicos, del tendido eléctrico con contenido de cobre y del robo de otros  metales en todo el país.

Dijo que están atentos a esta situación para evitar nuevas prácticas ilícitas. 

Robo metales

Camilo señaló que recientemente se incautaron siete contenedores con materiales robados,  en su mayoría cobre,  por tal razón, reforzaron las medidas pues otra vez está robando este tipo de material para exportarlo.  Dijo que en un operativo realizado el lunes en Santiago también se incautaron  seis cañones antiguos y un ancla de barco.

 Supervisiones

Informó que durante el período enero-abril pasado la DGA supervisó 5 mil 273 contenedores  de  hierro y cobre de unas 30 empresas  metaleras y  confiscó  una tonelada de cobre cuya procedencia no pudo ser establecida.