El Gobierno deja de percibir RD$104,000 millones al año por concepto de las leyes de incentivo y de exenciones fiscales que se aplican para fortalecer la producción en diversas áreas de la economía, informó Rafael Camilo, director de Aduanas.

Al ofrecer las declaraciones en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Camilo destacó que esas leyes deben revisarse, porque no solamente provocan pérdidas en término de las recaudaciones, sino que también inciden en la competencia desleal.

Camilo destacó que en 1992 –como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- se eliminaron las leyes de incentivo, pero posteriormente se aprobaron  más de 24 legislaciones de ese tipo que crean distorsiones en la economía.

Existen privilegios de ese tipo para algunas  empresas de zonas francas, como las instaladas en el área  fronteriza;  para los proyectos turísticos inmobiliarios y  para la industria.

Al admitir que al Estado se le hace difícil controlar ese régimen de exenciones, dijo que es complicado verificar  que una empresa importe una materia prima determinada y añada otra que sí paga impuestos.

El funcionario aclaró que no está en contra de esas leyes, pero destacó que deben evaluarse en los próximos años.

Suspenden crédito

Una de las medidas que adoptó Camilo al llegar a Aduanas, tras la muerte de Miguel Cocco, su antecesor, fue la de suspenderle el crédito a los importadores, porque la Ley no lo autoriza.

En ese sentido, dijo que el Estado no tiene que cubrir el costo financiero de los empresarios.

“Había RD$3,750 millones en  crédito, se están cobrando alrededor de RD$600 millones al mes, pero siempre quedaba la cantidad anterior porque se renovaba el crédito, ahora lo que estoy haciendo es cobrando solamente”.

Trasiego de combustibles.  Camilo afirmó que todavía está a la espera de un informe que deben rendirle la   sobre el alegado contrabando de combustibles entre las empresas Cemex e Itabo, denunciado a principios de este mes por la Secretaría de Hacienda.

Ambas empresas niegan tales implicaciones, pero de lo que se trata es de un supuesto trasiego de 53,000 toneladas métricas de combustible que la generadora  de electricidad Itabo le habría entregado a Cemex.

“Es posible despachar 23 camiones con combustible por error; todo el mundo tiene derecho a equivocarse”, respondió el director general de Aduanas  cuando se le recordaron los alegatos de las empresas.

Hay 38 empresas clasificadas para recibir combustibles sin pagar impuestos,  pero nunca han sido fiscalizadas por la secretaría de Industria y Comercio y la Superintendencia de Electricidad,  dijo Camilo al destacar que se hará una revisión de sus operaciones.

Reglas de origen

Al funcionario se le cuestionó sobre los problemas de competitividad que enfrentan empresas criollas por la entrada al país de productos cuyas reglas de origen estarían siendo cambiadas para no pagar aranceles.

En ese sentido, dijo que la violación de esa  norma  es un tipo de contrabando legal, por lo que se está trabajando para controlar esa situación.

En el contexto de los acuerdos de libre comercio, las reglas de origen establecen que los productos sean fabricados con materias primas del mismo país, o de los países que son miembros para que aplique la exención  de aranceles.

De acuerdo con el funcionario, cambiar las reglas de origen depende de los aparatos legislativos de los países que forman parte de los acuerdos comerciales,  en este caso el DR-Cafta.

Con relación a productos que en sus países son favorecidos por regímenes especiales, Camilo precisó que los fabricantes de sacos, plásticos, productos higiénicos y de alambres de aquí    son los que enfrentan problemas de competitividad por ese concepto.

Citó el caso de empresas de Costa Rica a las que se investiga porque aparentemente están amparadas  bajo regímenes fiscales especiales, y de ser así sus productos deben pagar impuestos.

Una de esas está en proceso de reliquidación y deberá pagar RD$800 millones.

Robo de metales

Sobre el robo de metales que luego es fundido y exportado, dijo que existe una comisión que investiga ese hecho, pero que todavía no ha elaborado un registro de las empresas exportadores de metales.

“No se ha avanzado mucho en eso, hay que hacer un registro y  una fiscalización”, expresó el funcionario.

Baja el  recaudo en Aduanas

Rafael Camilo afirmó que  este año han bajado las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas, con relación a las proyecciones del Gobierno.

El estimado de las autoridades era de RD$59,491 millones, pero se recaudarán alrededor de RD$9,000 millones menos, debido a la caída de las importaciones, sobre todo de vehículos, electrodomésticos y materia prima.

Camilo, quien antes de ser director de Aduanas ocupó la Superintendencia de Bancos, evaluó además el endeudamiento externo del país, y en ese sentido dijo que todavía es manejable.

Sobre ese aspecto destacó que la deuda externa no llega al 30% del Producto Interno Bruto (PIB), y aunque ha aumentado todavía está en los parámetros sostenibles.

Al referirse a su gestión en Aduanas,   anunció  que eliminará la vieja costumbre de entregarle a otras entidades del Estado los fondos que necesitan para completar su ejecución presupuestaria.

“Eso quedó eliminado, nosotros vamos a ejecutar nuestro presupuesto, y que las demás entidades reclamen donde tienen que hacerlo”, destacó.

Una discrecionalidad que beneficiaba al sector privado, y que también ha sido suspendida, es la relativa a las entregas provisionales a las empresas con exoneraciones.

Otra discrecionalidad  suspendida es la relativa a la valoración del 50 por ciento de las importaciones de maquinarias y materias primas.

“Nosotros consideramos que esas medidas no eran prudentes; solamente dejamos los productos que pagan aranceles muy altos”.