Hoy 
POR CLAUDIO CABRERA
La República Dominicana es un país caribeño en vías de desarrollo cuyos agentes económicos privados y su gobierno se enfrascan en una pugna por el desarrollo futuro de la nación.
Pero actualmente el futuro consiste en un programa de objetivos y metas en gran medida soñadas por quienes dirigen la nación, así como por la fracción más sobresaliente de quienes son dirigidos.
Esta semana, en la Cámara Americana de Comercio, al hablar ante su membresía e invitados, la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Elena Viyella de Paliza, evaluó, entre otros aspectos, la situación del Estado de Derecho en que se encuentra el país, tras recorrer décadas de avances hacia la democracia. De hecho, este aspecto del discurso fue el eje central de la temática.
¿Puede realmente un país avanzar económicamente sin contar con un estado de derecho en que la justicia social se revista de su inmanente función distributiva y de equidad como un medio para que prevalezca en el presente y futuro la consolidación institucional pareja al crecimiento económico y al desarrollo?
Esta fue la principal preocupación de la presidenta del CONEP, quien no se fundamentó en la crítica a la herencia ancestral de males que de gobierno en gobierno el país ha visto traspasar sin soluciones, como es de esperarse en países que se abocan a un programa donde el estado de derecho debe servir de marco para profundos cambios económico-sociales e institucionales.
Efectivamente, si tal como lo ha proclamado el presidente Leonel Fernández, el país debe prepararse para los magníficos cambios que retan al futuro de la nación, sobre todo en el orden socioeconómico e institucional, y como es el anhelo de la gran mayoría de los dominicanos, la población debe estar consciente de que un futuro es promisorio sólo cuando nos preparamos mental y realmente para lidiar con lo bueno y lo malo que el desarrollo de los hechos nos puedan deparar.
Tiempos pragmáticos
El pragmatismo como metodología surgida en los países que debían resolver cotidianamente sobre la marcha los grandes problemas que confrontaban sus gobiernos y agentes participantes de la vida pública, fue muy criticado por el hecho de que, entre otras cosas, no dejaba espacio para el análisis frío y la planificación. Se trata de un hacer sobre la marcha.
Mirando a todos lados la situación del país inmerso entre varios escenarios que nos cercan con la obligación de adherirnos a los acuerdos de libre comercio para poder despegar en un escenario mundial de competitividad, es poco el tiempo que le queda al país para pensar despacio.
De aquí que el problema radica en el fundamento de la idea de la presidenta del Conep pienso que sería mucho más fructífero dedicarnos a discutir y consensuar los temas fundamentales a incluir o modificar en nuestra Constitución, en lugar de desgastarnos discutiendo cómo lo vamos a hacer. Lo importante es el resultado final y no la forma cómo lleguemos a dicho resultado.
La autoridad
Desde el nacimiento mismo de la nación dominicana, el país fue conducido hasta hace pocas décadas a lomo de gobiernos despóticos. Tiranos que imponían su voluntad férrea no dejaban resquicio para que nadie violase la ley y sólo a ellos les era permitido manejarse a voluntad en un acto de gran simulación desde el Estado, de que las cosas se manejaban con transparencia y pulcritud.
El origen de estos estilos de gobierno radicó en la tradición económica que arrastró la República Dominicana desde las entrañas de origen.
En un país donde el hatero era el dueño de todas las riquezas, tierras, vacas y la poca labranza para subsistencia y exportaciones, el mandamás estimaba que a los súbditos o ciudadanos había que tratarlos a patadas.
Bajo aquellas condiciones era imposible que prosperase un gobierno democrático y los pocos que creían en ella, desde Duarte y Los Trinitarios hasta bien adentrada la era de Trujillo y a posteriori como ocurrió durante el gobierno del profesor Juan Bosch, para los hateros de turno eran simples soñadores.
Pero los tiempos han cambiado. Ahora y gracias a los esfuerzos de quienes sacrificaron vidas, bienes y bienestar material bajo el terror y la represión, la democracia va siendo un hecho y no un sueño.
Y ahora desde el gobierno mismo y desde el empresariado se ha concitado el interés por elevar el nivel institucional de un país que se aboca a una transición económica que anda de la mano del sueño de muchos dominicanos que desean ver a su país transformado en una democracia cada vez mejor encaminada, pero ciertamente orgánica desde el punto de vista institucional.
De aquí que venga a cuento el planteamiento de la dama del empresariado, doña Elena Viyella, en el sentido de pongámonos de acuerdo en qué es lo que queremos.
Para la presidenta del Conep, reforma implica reformar lo existente, pero resulta que lo existente está plagado de conceptos y preceptos autoristas y presidencialistas, no tan sólo en el artículo 55, sino en todo el contexto general.
Tras recordar que no se trata de reformar la Constitución de 1963, la de 1966 y la de 1994, en vista de que las realidades han sido superadas, sino de crear un verdadero marco de Estado de Derecho para que prevalezca la justicia, la equidad y la aplicación de la ley para quienes merezcan ser sancionados con justicia. Claro está que aquellos que redactaron la (Constitución) del 66 se ocuparon de poder permanecer impunes cuando la violaran.
Aunque en su discurso menciona que la reforma constitucional o la redacción de una nueva no es urgente, reconoce que la solvencia legal de un país con miras al futuro queda comprometida en función del andamiaje legal que le depara una Constitución amoldada a sus necesidades de corto, mediano y largo plazos.
De lo cual estima que sí es importante y sí debemos hacerlo con la mayor prudencia y tiempo necesarios, para garantizar una Constitución, reitero, que nos sirva de base para muchos años hacia el futuro.
Para el corto plazo
La presidenta del Conep enfatiza en la necesidad de asir de inmediato los temas urgentes que requieren tomas de decisiones y acciones en el corto plazo.
Entre otros, valora en alto grado la necesidad de enfrentar el problema del servicio de energía eléctrica y el delito alrededor del uso de este bien, la renegociación de los contratos para hacer al país más competitivo, así como otros problemas, también en agenda del gobierno como los mencionados, como el de regular el gasto público para evitar presiones sobre las finanzas públicas, y a que se disminuya la nómina pública supernumeraria.
Algo convertido en un principio de conducción económica, tanto en las esferas gubernamentales como entre el empresariado, la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica para fortalecer los niveles de confianza, con el consecuente deber de cumplir los deberes con la deuda externa en vencimiento, abren espacios de convergencia para el diálogo permanente hacia objetivos más claros con el gobierno.
Adicionalmente, la adopción de las reformas estructurales pendientes, especialmente la reforma financiera del Estado, la nueva Ley Orgánica de Presupuesto que crea el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación y Desarrollo, la modificación a la Ley Monetaria y Financiera que fortalece la independencia del Banco Central, la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos, es importante que sean realidad antes de finalizar el año en curso, alientan esta perspectiva.
La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos DR-Cafta, que confiamos y entendemos está cada vez más cerca, aún cuando parece no haber fecha fija para ello, nos trae grandes retos y oportunidades, resume en gran parte el camino hacia dónde se dirigen el gobierno y los sectores económicos de decisión.
Hoy en día -sostiene la presidenta del Conep-, lo que necesitamos (son) reformas estructurales que cambien el rumbo y el destino de nuestro país, convirtiéndolo en una fuerza caribeña competitiva y eficiente, atractiva para las inversiones productivas creadores de empleos mejor remunerados, que contribuyan a la reducción de la pobreza y la mejoría de la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
