El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA por sus siglas en inglés, contiene requisitos que el Gobierno dominicano ha llenado a cabalidad.

Las autoridades gubernamentales afirman, y nadie ha salido a desmentirlas, que no tienen pendiente ningún aspecto relacionado con ese tratado y que solo están a la espera de una respuesta de Estados Unidos.

Una de las premisas en que todos creímos es que la transparencia era el núcleo del DR-CAFTA. Ha sido en esa virtud que cada sector de la economía, con el Gobierno a la cabeza, se ha involucrado en cambios y transformaciones profundas.

Sin embargo, en el último tramo de la ruta hacia la vigencia del tratado el país se ha topado con una actitud que desdice de la transparencia que debe predominar en lo concerniente a ese gran acuerdo comercial.

– II –

Ahora ocurre que la vigencia del DR-CAFTA en cuanto a la República Dominicana está en un limbo que tiene todas las características de una presión injustificable, cuyo objetivo es que el país ceda a requerimientos que jamás fueron negociados como parte del tratado.

Ninguna autoridad estadounidense, incluido el embajador Hans Hertell, ha salido a explicar cuáles inconvenientes en asuntos inherentes al contenido del tratado impiden el acceso dominicano a la vigencia de estas reglas de intercambio comercial.

Estas incidencias en las relaciones bilaterales son las que nos permiten descubrir que la transparencia predicada en el TLC es, en realidad, un requisito unidireccional que el país de economía más fuerte impone a los de economías más débiles.

De no ser así, hace tiempo que, como en otras oportunidades, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos hubiese hecho señalamientos jurídicos puntuales sobre las trabas en el tratado.

Al desnudo queda que cuando se trata de intereses, la transparencia predicada por nuestro socio del norte es, en términos reales, de una sola vía.