Hoy 
La República Dominicana ha sobrepasado los límites de lo razonable y prudente en cuanto a tolerar la inmigración haitiana. Salvando las diferencias, la actitud nuestra no se parece en nada a la de Puerto Rico con los inmigrantes dominicanos, la de Estados Unidos con los mexicanos o la de los españoles con los marroquíes y africanos.
No hay una política oficial de acoso contra los inmigrantes de ninguna nacionalidad, y particularmente haitianos, y la soberanía en materia migratoria se ejerce con comedimiento, con sobriedad.
Defendemos, eso sí, nuestro derecho como Estado soberano, de repatriar o deportar a todo extranjero que viole nuestras reglas y pretenda permanecer en territorio nacional de manera ilegal. Eso, por supuesto, incluye a los haitianos, que son los inmigrantes ilegales más abundantes en nuestro país.
-II-
Siendo así las cosas, despierta sospechas el hecho de que grupos de la sociedad civil haitiana, incluyendo organizaciones de derechos humanos, están estimulando en Haití movilizaciones y protestas que tienen como núcleo central la promoción de un sentimiento antidominicano.
La prédica común entre quienes promueven este sentimiento es que en la República Dominicana se estarían constituyendo grupos de acoso contra los inmigrantes haitianos. La premisa está basada en incidentes aislados durante los cuales dominicanos han tratado de vengar la muerte de compatriotas a manos de haitianos dedicados a actos de delincuencia, como ocurrió a raíz de la muerte de la comerciante Maritza Núñez y las heridas causadas a su esposo por haitianos en Hatillo Palma, para solo citar un ejemplo.
Estos incidentes aislados, en todo momento fueron reprimidos por las autoridades locales para resguardar la integridad de los haitianos, aunque sí se procedió a la repatriación de los inmigrantes ilegales.
-III-
Hay la sospecha de que estas convulsiones contra los dominicanos estarían recibiendo apoyo financiero desde el exterior, de los mismos países que siempre han visto el caso haitiano como una cuestión insular, cuya solución tiene que involucrar, necesariamente según entienden, a la República Dominicana.
Los gobiernos dominicano y haitiano están en el deber de ponerle freno a esta campaña que trata de azuzar una descomposición en las relaciones entre los pueblos de ambas naciones.
Las autoridades dominicanas y haitianas deberían tomar a tiempo cartas en este asunto, y evitar que se promuevan enconos entre grupos de ambos países, enconos que nada bueno traerían.
La ocurrencia que nos ocupa obliga a llamar la atención sobre la necesidad de que el Gobierno dominicano termine de elaborar su política migratoria y que la aplique con rigor a todos los extranjeros que permanezcan de manera ilegal en el territorio nacional.
Hay que ponerle fin a esta campaña aviesa.
