RAFAEL TORIBIO
Nuevamente se inicia una campaña contra la duración y los altos costos de las campañas electorales. La clarinada en esta ocasión fue dada por el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, reclamando que se tomaran medidas para que no fueran tan largas ni tan costosas.

Como sucede con todas las declaraciones provenientes de una alta autoridad de la Iglesia Católica, todos los políticos dicen que están a favor, aunque realmente no lo estén, pero en esta oportunidad la sugerencia fue acogida por miembros prominentes de la Junta Central Electoral, manifestándose en medidas respecto al gasto de las campañas de los precandidatos y en la voluntad expresada de regular el tiempo de las mismas. Se espera que en esta oportunidad no se termine como en ocasiones anteriores.

Desde hace mucho tiempo existe un consenso respecto a que las campañas políticas que preceden a las elecciones cada vez duran más tiempo y cada día son más costosas. Con elecciones presidenciales separadas por dos años de las congresionales y municipales y sin aplicar la ley que establece que la campaña debe iniciarse tres meses antes de las elecciones, tenemos campaña todos los años, durante todos los meses del año.

La duración de las campañas, unido al uso de los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, sin ninguna limitación que no sea la disponibilidad de recursos económicos, ha hecho que sean enormemente costosas, que signifiquen un derroche injustificado de dinero, que se abra la oportunidad a que se realicen “inversiones” en apoyo a candidaturas con fondos de procedencia ilícita y que le conceda ventaja al que puede gastar más.

Frente a esta lamentable situación, hasta ahora la Junta Central Electoral había preferido no hacer uso de las facultades que la vigente ley electoral y disposiciones reglamentarias le otorgan para regular la duración y costos de las campañas. Por otra parte, una regulación más actualizada sobre estos aspectos está contemplada en un anteproyecto de Ley de Partidos Políticos que durante diez años ha pasado de legislatura a legislatura sin ser aprobado, demostrando con ello que los menos interesados en que se apruebe son, precisamente, los partidos políticos.

La dejadez, indolencia e irresponsabilidad ha dado lugar a que periódicamente se levanten voces, unas autorizadas y otras no, reclamando como solución la reunificación de las elecciones, en vez de exigir que se cumpla lo establecido en una ley que está vigente para regular la duración de las campañas y que la JCE haga uso de las facultades que le otorgan disposiciones reglamentarias para regular también su costo. Se prefiere echar hacia atrás lo que se considera como un paso de avance en el fortalecimiento de la democracia, que hacer cumplir una ley no derogada.

Pero parece que la nueva Junta Central Electoral no quiere seguir desempeñando un papel pasivo con un silencio cómplice en aspectos tan importantes para la democracia. Ha decidido asumir la supervisión de las elecciones primarias de los partidos, conocer los presupuestos de campaña de los partidos y de los precandidatos, hacer conocer las diferencias entre lo presentado y lo realizado y regular en las próximas elecciones presidenciales, conforme a lo establecido en la ley, la duración de la compaña.

Las informaciones suministradas sobre los costos de las campañas han llenado de asombro a la ciudadanía y los gastos

concretos de los precandidatos del PLD ha provocado la protesta de dirigentes de ese partido, no por el dispendio que significa un gasto tan elevado en una campaña electoral interna, con una parte de recursos que son públicos, sino que la Junta Central Electoral lo hiciera de público conocimiento. Parece que la transparencia desagrada.

La Junta haría una enorme contribución a la transparencia y al fortalecimiento de la democracia si mantiene la firme voluntad de regular la duración y el gasto de las campañas. Sería un invaluable aporte al sosiego electoral al que tenemos derecho, disminuiría los costos de las campañas, haciendo posible que no triunfe sólo el que dispone de más recursos para invertir, sin importar su procedencia, y habría menos justificación para reclamar la reunificación de las elecciones.

Que así sea.