QUITO, (AFP) – La campaña por un referendo sobre reformas a la justicia en Ecuador entró en la recta final para su votación el próximo sábado, con las encuestas a favor del gobierno que lo propuso, y la oposición tratando de probar que la intención de Rafael Correa es acumular más poder.

Unos 11,2 millones de electores están convocados para pronunciarse sobre la propuesta del mandatario socialista que se divide en dos partes, cada una con cinco preguntas: un referendo sobre enmiendas a la Constitución promulgada en 2008 y una consulta popular alrededor de temas generales.

Pero la cuestión medular son los cambios al sistema de justicia planteados por Correa para combatir la inseguridad, que admite como su punto débil tras cuatro años de gobierno.

«Tenemos que reconocer que no hemos superado (el problema de la inseguridad) y que hay preocupación de los ciudadanos», dijo el canciller Ricardo Patiño en entrevista con la AFP.

Correa propone disolver el Consejo de la Judicatura -que ejerce el control disciplinario del sector- y reemplazarlo durante 18 meses por una comisión tripartita con un delegado del gobierno para que reestructure el poder judicial.

El gobernante, que encara su quinta contienda electoral desde que ganó la presidencia a finales de 2006, aduce que la «corrupción» e «ineficiencia» en la Judicatura derivan en altos índices de impunidad e inseguridad.

«Se requiere una transformación en el proceso de selección de jueces», señaló Patiño, mencionando a un magistrado que dejó prescribir 700 procesos de prisión preventiva.

Al respecto, el referendo propone negar la libertad a los presos sin sentencia que acudan a maniobras dilatorias e imponer, en los casos de flagrancia, que el infractor sea enjuiciado de inmediato.

Otra pregunta propone limitar las inversiones de la banca y la prensa a sus respectivos ámbitos para evitar «conflictos de intereses».

«Este es un proyecto autoritario, cuyas preguntas buscan controlar la justicia, una función del Estado que debe ser autónoma para el funcionamiento de la democracia», dijo este domingo a la AFP Gustavo Larrea, ex ministro del Interior del actual gobierno, quien promueve el «No».

«La crisis de la función judicial se debe precisamente a que los últimos gobiernos le metieron mano reiteradamente a la justicia, todo lo contrario a lo que dijimos al fundar el (movimiento oficialista) Alianza País», agregó.

Para Larrea, las preguntas del plebiscito «restringen derechos y libertades» al cambiar, por ejemplo, la «presunción de inocencia por la de culpabilidad», lo que considera un «regreso al pasado».

En la consulta popular, Correa pregunta por la prohibición de los juegos de azar y de la muerte de los toros en las corridas, y por la creación de un consejo de comunicación que regule contenidos violentos, explícitamente sexuales o discriminatorios.

Igualmente, sugiere tipificar como delitos el enriquecimiento privado no justificado y la no afiliación de trabajadores a la seguridad social.

Correa, un economista de 48 años, mantiene una aceptación del 65%, según una encuesta de la firma Santiago Pérez difundida el 16 de abril.

Esa empresa aseguró que las preguntas formuladas por el mandatario tienen un apoyo de entre 58% y 64%, frente a un rechazo que fluctúa del 36% al 42%, de acuerdo con un sondeo revelado el pasado miércoles.

Otra encuesta de la firma Investigaciones y Consult Marketing Solutions estableció que 54,3% de los ciudadanos votará en plancha por el «Sí» o el «No». De ese universo, 55,4% apoyará al gobierno frente a 39,1% que votará por el «No».

«Muchos que no conocen las preguntas le darán un voto de confianza al presidente», con lo que el proceso terminará siendo un plebiscito alrededor de la figura de Correa, comentó el director de esa empresa, Blasco Moscoso, este domingo a la AFP.