LA PAZ (AFP).- Las rutas troncales bolivianas a Perú, Argentina y Paraguay estaban cortadas este miércoles por campesinos con una diversidad de reclamos regionales, mientras el gobierno insistía en el llamado al diálogo y en denunciar intentos de desestabilización política.

Indígenas aymaras habían retomado los bloqueos en la carretera comercial andina La Paz-Desaguadero, que conduce a Perú, menos de 24 horas después de haber sido despejada por la fuerza policial para permitir el flujo de al menos 600 vehículos de carga.

Otra ruta hacia la frontera peruana, La Paz-Copacabana, sufría también esporádicas interrupciones por los bloqueos de campesinos liderados por el jerarca aymara Felipe Quispe, quien estudia la radicalización de la protesta.

Campesinos guaraníes, apoyados por la población de Villamontes, 1.215 km al sur de La Paz, cerraron en tanto la vía a Paraguay para presionar a la administración del presidente Carlos Mesa el pavimentado de la ruta Tarija-Villamontes-Hito 94.

La carretera fue cortada en un punto nodal, de forma que colapsó el tránsito motorizados de Villamontes al norte de Paraguay y, en el sentido inverso, hacia la ciudad boliviana de Tarija.

Las organizaciones cívicas amenazaron con afectar las operaciones de importantes campos gasíferos e impedir el transporte de contenedores de fuel oil procedentes de Argentina, cuyo paso obligado es Villamontes.

El intercambio comercial con Argentina también permanecía interrumpido en Tupiza (a 839 km al sur de La Paz), cuyo comité cívico exige la ampliación de un proyecto de electrificación rural, el pavimentado de una ruta que conecta con la población argentina de La Quiaca, la instalación de un gasoducto, una conexión caminera con una ruta transoceánica y autonomía administrativa.

Además del corte de rutas, en Tupiza, distante a unos 200 km de Villamontes, dos grupos de pobladores se habían declarado en huelga de hambre en demanda de atención oficial al petitorio de este poblado subandino.

Con carreteras troncales a Perú, Argentina y Paraguay cortadas, Bolivia estaba conectada únicamente con Chile, por cuyos puertos fluye casi la totalidad del comercio boliviano, y Brasil.

Otra importante vía interna permanecía tomada hace nueve días por cocaleros en la región agrícola de Yungas, a 120 km al norte de La Paz, quienes demandan la apertura de mercados para la coca, donde se cultivan al menos 16 mil hectáreas de coca, doce de las cuales son legales y las otras estás destinadas a la droga, según las autoridades.

El gobierno intentaba revertir la situación enviando misiones de diálogo a los lugares de conflicto, tras sortear otro mayúsculo con los maestros de la educación pública que, excepto La Paz y otros distritos menores, habían retornado a clases tras un mes de huelga.

A la degradación del clima social se sumó una preocupante denuncia del líder de los productores de coca, Evo Morales, jefe de una importante fuerza política, que acusó al ex capitán Manfred Reyes Villa, un populista de derecha, de alentar un golpe de Estado para recortar el mandato de Mesa.

La versión de Morales fue ratificada por el delegado presidencial de Régimen Institucional, Jorge Cortez, quien ironizó que «yo creo que a partir de ahora podemos lanzar un lindo eslogan ‘Manfred-(Jaime) Solares’ (el radical dirigente de la Central Obrera) un sólo corazón», con vistas a una eventual contienda electoral.

Mesa asumió por la línea constitucional el pasado 17 de octubre, hasta agosto de 2007, tras dimitir el titular, Gonzalo Sánchez de Lozada, acosado por un sangriento levantamiento popular que lo expulsó a raíz de su política de hidrocarburos que, según los sectores sociales, beneficiaba a los consorcios petroleros extranjeros.