Por DIEGO CEVALLOS *
México pretende colocar hasta tres mil aerogeneradores en el istmo de Tehuantepec para 2030.  Campesinos dudan sobre los beneficios sociales del proyecto y científicos alertan sobre potenciales amenazas a las aves.

MÉXICO.- Con la bendición de agencias de desarrollo, trasnacionales y ambientalistas, el gobierno de México desbroza terreno para el despegue de la energía eólica. Pero campesinos y expertos en aves están inconformes.

El objetivo del gobierno es que la generación de electricidad por viento, que ahora representa apenas 0,005 por ciento del total, suba a seis por ciento en 2030.

Lograr tal meta implicará que en la principal zona de vientos de México –el Istmo de Tehuantepec, en el meridional estado de Oaxaca– se instalen más de tres mil aerogeneradores, a los que deberán sumarse otras decenas en diversos lugares del país.

Pero colocar estas aspas de unos 27 metros de diámetro montadas sobre torres elevadas requiere negociar con los dueños de los predios, la mayoría campesinos, algunos de los cuales denuncian haber sido engañados cuando se creó la primera planta eólica en 1994.

Entretanto, expertos en aves advierten que muchas especies corren peligro de morir en las aspas gigantes, provocando una reacción ambiental en cadena en todo el continente, pues varias son migratorias.

«Todo está dado para facilitar las instalaciones eólicas, pero no hay mayor interés por las aves, lo que a la larga podría acarrear problemas de envergadura», dijo a Tierramérica Raúl Ortiz-Pulido, portavoz de la sección mexicana del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves.

Este científico reconoce que el tema de las aves es considerado para el desarrollo de cada proyecto, pero «de manera incompleta e incorrecta».

No es lo mismo evaluar el efecto de un proyecto donde se establecerán pocos aerogeneradores que evaluar el impacto de varios proyectos conjuntos donde habrá decenas de esos aparatos, tal como se planea desarrollar en la zona del Istmo de Tehuantepec, argumentó.

Será el efecto conjunto el que afecte a las aves, explicó.

Pero las autoridades aseguran que los planes oficiales toman seriamente en cuenta la cuestión ambiental.

«En cualquier proyecto hay gente a favor y en contra, pero a la larga las experiencias de otros países probaron que los proyectos eólicos traen muchos beneficios a las comunidades y que no hay afectaciones ambientales importantes», dijo a Tierramérica  Marco Borja, quien comanda un proyecto dirigido a evaluar el recurso eólico en el país desde el estatal pero independiente Instituto de Investigaciones Eléctricas, con apoyo del Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF, por su siglas en inglés).

En los últimos dos años las autoridades prepararon normativas para alentar el aprovechamiento del viento y desde diciembre someten a consulta pública una nueva regulación que ordenará el uso de esa energía desde el punto de vista ambiental. Esta podría entrar en vigencia en marzo.

Para darle aún más incentivo, lograron un crédito no reembolsable del GEF por 25 millones de dólares otorgados por el Banco Mundial. Ese monto sumado a lo que recibe el Instituto de Investigaciones Eléctricas y que llegó al GEF desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se traduce en un apoyo de casi 30 millones de dólares.

La meta es impulsar una fuente cuya capacidad generadora crece en el mundo más de 30 por ciento anual, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles.

En la norma ambiental para las instalaciones eoloeléctricas ahora en discusión, las autoridades proponen eliminar los estudios de impacto ambiental, que se exigen a otros proyectos.  El requisito será reemplazado por un «informe preventivo», que es de categoría y alcance menor.

En la introducción de la nueva norma, que por ley debe someterse a consulta pública por 60 días, plazo que vence a fines de este mes, se reconoce que las instalaciones eólicas pueden tener «impacto sobre la avifauna».

 En su articulado postula que el responsable del proyecto deberá hacer un «inventario de especies que utilizan el área, detallando las relaciones entre las mismas para determinar las repercusiones del desplazamiento de alguna de ellas, épocas de apareamiento, nidificación y cría».

Eso será insuficiente para la zona del Istmo, insisten los científicos. Por ese lugar transitan anualmente seis millones de aves, entre ellas 32 especies amenazadas de extinción y nueve endémicas.

«Somos académicos y no activistas; no sabemos ya cómo hacer llegar nuestras advertencias a las autoridades», expresó Ortiz-Pulido.

En La Venta, que es parte del municipio oaxaqueño de Juchitán, se concentran la mayoría de planes oficiales para instalar aerogeneradores. Es una zona empobrecida de unos 150 mil habitantes, en su mayoría dedicados a la agricultura y ganadería.

Allí, los campesinos también están inconformes con los planes oficiales.

«Se engañó a los dueños de las tierras con arreglos amañados, pagos por arrendamiento de tierra ridículos (para instalar los aerogeneradores) e impedimentos para cultivar. Ya no permitiremos más planes», declaró a Tierramérica Alejo Girón, líder del Grupo Solidario La Venta.

*  Corresponsal de IPS.

Ahí arrancó en 1994 el primer proyecto eólico, denominado La Venta I, y en los últimos dos años siguió con La Venta II. Ahora el gobierno de Felipe Calderón anuncia que licitará La Venta III y que luego vendrán otros como el plan Oaxaca y La Ventosa.

Son proyectos donde transnacionales como la española Iberdrola y la francesa Electricité muestran gran interés, igual que firmas locales como la cementera Cemex, que aspiran a levantar aerogeneradores para autoabastecerse y en varios casos vender excedentes de energía a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Concretar esos planes implica convencer a los dueños de las tierras, a quienes la CFE paga por cada uno de los 100 generadores ya instalados en La Venta menos de 300 dólares anuales, suma entre 10 y 20 veces más baja que la que reciben pobladores afectados en otros países, denunció Girón.

«Los proyectos eólicos casi no crearon fuentes de trabajo y no benefician a los vecinos. Aquí nada cambió. Seguimos pobres a pesar de que la CFE prometió que eso cambiaría», dijo a Tierramérica Feliciano Santiago, secretario municipal de Juchitán.

*  Corresponsal de IPS.

**

Mapuches regresan a tierras de Benetton
Por MARCELA VALENTE *
Seis familias indígenas vuelven a ocupar un predio de la firma italiana Benetton en la Patagonia.  La firma aún no decide acciones.

BUENOS AIRES.– Mapuches de la austral Patagonia argentina que en 2002 protagonizaron un conflicto de tierras con el grupo textil italiano Benetton volvieron a ocupar un predio de la firma reivindicando derechos ancestrales. 

«Esta no es una protesta ni una acción clandestina. No pretendemos ser propietarios sino vivir como comunidad en nuestro territorio», declaró a Tierramérica Mauro Millán, portavoz de los 25 mapuches que desde el 14 de febrero ocupan el predio Santa Rosa en la meridional provincia de Chubut, en la Patagonia..

Son seis familias las que están construyendo sus viviendas allí, cerca de donde fueron expulsadas hace cinco años. El predio Santa Rosa, de 534 hectáreas, está en la hacienda Leleque. En 1991, Benetton adquirió la Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA), dedicada a la producción agropecuaria, que incluía Leleque y otras estancias en la provincia.

En un sector de la hacienda, Benetton inauguró el Museo Leleque, homenaje a los indígenas y otros pioneros de la región.  Pero los mapuches dicen no querer verse reivindicados como «trofeos de una cultura que destruye lo diferente» y reclaman su derecho a la tierra.

La fiscalía de Esquel, ciudad más cercana al predio, presentó esta semana una denuncia por usurpación. Pero voceros de la empresa aseguraron a Tierramérica que se trata de una acción de oficio. La firma aún no definió una estrategia legal sobre este reclamo, que consideraba un tema concluido.

La nueva comunidad asegura que el territorio les pertenecía desde antes que se creara la CTSA y que el despojo viene de entonces. «Esto para nosotros es un regreso a un espacio territorial común de los mapuches, ahí hay cementerios de nuestros antiguos”, dijo Millán.

“Desde que nuestro pueblo fue usurpado, los terratenientes gozaron de impunidad, de resguardo de su propiedad privada. ¿Acaso la nieve es privada, el viento, el río es privado?», pregunta la proclama firmada por los mapuches, que advierten que jamás renunciarán a ese terreno.

La empresa CTSA se formó en 1889 mediante una cesión de tierras del gobierno nacional a 10 ciudadanos británicos, a cada uno de los cuales entregó 90 mil hectáreas, pasando por alto a comunidades mapuches que vivían allí y que devinieron mano de obra de las nuevas estancias, entre ellas Leleque.

«Desde la cosmovisión mapuche tienen derechos. El problema es que la tierra se repartió hace más de un siglo entre particulares, o sea que no es tierra fiscal», dijo a Tierramérica Gonzalo Sánchez, autor del libro «La Patagonia Vendida».

Con la compra de la firma CTSA, el grupo textil sumó 970 mil hectáreas en la Patagonia y es el primer propietario privado de Argentina. En 2002, los mapuches Atilio Curiñanco, Rosa Nahuelquir y sus hijos ocuparon el predio Santa Rosa, convencidos de que era tierra fiscal.

Pero la empresa, que usaba ese predio para forestar, denunció la invasión y la policía los desalojó violentamente, destruyendo su precaria vivienda y sus cultivos y ahuyentando a los animales.

Los mapuches fueron denunciados penalmente por usurpación y una demanda civil dirimió el problema de la tierra. En el proceso penal el juez sentenció falta de dolo y sobreseyó a los acusados, pero en lo civil se resolvió que la tierra pertenecía a Benetton.

Desde aquella expulsión hubo gestiones que llevaron a Curiñanco y Nahuelquir hasta Italia en 2004, de la mano de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz argentino (1980), quien les consiguió una entrevista con Luciano Benetton. Tras una tensa reunión en Roma, el empresario prometió estudiar una solución al conflicto.

Ahora Curiñanco y Nahuelquir están de vuelta, con otras familias de su comunidad, acampando en territorio que consideran de sus ancestros.

El gobierno de Chubut, al que los mapuches reclaman políticas inclusivas, se desentiende del asunto. «No intervenimos porque no estamos involucrados; es un conflicto con una empresa privada», dijo a Tierramérica una funcionaria del distrito que prefirió el anonimato.

**
El ambiente bajo el prisma del comercio
Por PASCAL LAMY *
 La Ronda de Doha es el punto de partida del desarrollo sostenible, escribe en esta columna exclusiva para Tierramérica el director general de la Organización Mundial de Comercio.

GINEBRA.- Gaia, que en griego significa madre tierra, está atravesando una zona de turbulencias. Ya en 1979, cuando el científico inglés James Lovelock publicó su famoso trabajo “Gaia: una nueva mirada a la vida en La Tierra”, fuimos advertidos de que la materia viviente no es pasiva y que nuestro planeta responde a las provocaciones.

Hemos aprendido que el aire, los océanos y la tierra reaccionan ante las amenazas a su existencia y que luchan en su propia defensa.

En 1987, cuando el Informe Brundtland acuñó el término “desarrollo sostenible”, muchos lo vimos como una opción frente al comercio y sus negocios desarrollados del modo habitual. Veinte años después, nadie puede argumentar que se trata sólo de una opción, pues se ha convertido en un deber. El desarrollo sostenible debería ser la piedra angular de nuestro enfoque de la globalización y de la arquitectura del gobierno global.

Cuando la Organización Mundial de Comercio (OMC) se estableció en 1995, el desarrollo sostenible fue colocado exactamente en el corazón de su carta fundacional. Los gobiernos vetaron el tipo de comercio cuya premisa es el vaciamiento de los recursos naturales, y exhortaron a un uso sostenible de éstos y, más aún, introdujeron metas ambientales en las actuales negociaciones de la Ronda de Doha, lo que sucede por primera vez en la historia del comercio multilateral.

Claramente, la globalización es un fenómeno que requiere un manejo cuidadoso; al conectar a la gente de lugares opuestos del planeta ofrece un tremendo potencial, pero puede tener también desventajas e inconvenientes. Del mismo modo que los bienes, los servicios y las personas cruzan las fronteras también lo hace, por ejemplo, la contaminación. El manejo correcto de la globalización nos permitiría captar sus beneficios y  dejar atrás sus lados negativos.

No caben dudas que el mundo necesita un “gobierno global” más eficaz a una escala que trascienda las fronteras nacionales. Por lo tanto, nuestras instituciones de gobierno global  deben ser fortalecidas. Esto se aplica a la OMC y a todas las otras instituciones internacionales, que deberían complementarse entre sí.

La Ronda de Doha contiene la promesa de permitir una distribución más eficiente de los recursos, incluyendo los naturales, a través de una continua reducción de los obstáculos al comercio, entre ellos los aranceles y los subsidios. Pero también contiene la promesa de asegurar la obtención de una mayor armonía entre la OMC y los acuerdos ambientales multilaterales, así como reducir los subsidios agrícolas dañinos para el ambiente que están llevando a la superproducción.

*  Director General de la Organización Mundial del Comercio
El mundo debe progresar en estas negociaciones tan rápido como sea posible. No porque la Ronda de Doha vaya a salvar el ambiente mundial, sino porque es el muy modesto punto de partida que ha acordado establecer la comunidad internacional para hacer frente a los desafíos a través del prisma del comercio.

Un fracaso de estas negociaciones no haría más que dar una mano a todos aquellos que argumentan que el crecimiento económico debe seguir adelante sin controles. Ese crecimiento es la razón suprema, afirman, y no necesita tener en cuenta al ambiente.

Pero el comercio, y por cierto la OMC, debe operar  para alimentar un desarrollo sostenible.  No debemos esperar a que Gaia reaccione.
*  Director General de la Organización Mundial del Comercio.