RAFAEL ACEVEDO
Hace unos años, cuando la Autopista Duarte era de solo dos vías,  se formó un taponamiento cerca de Villa Altagracia que en minutos degeneró en cuatro filas que iban y cuatro que venían.

Pensando en que los dominicanos que estábamos ocupando la autopista ese domingo éramos mayormente clase media, los que podíamos viajar de asueto al interior, me dio terror entender que pudiéramos ser colectivamente tan estúpidos, que no podíamos prever que en una carretera de dos vías no podían  circular ocho filas de vehículos simultáneamente.

Recientemente volví a sentir una sensación similarmente preocupante y desagradable, al enterarme que nuestra muy elitista Junta Central Electoral se había atrevido a gastar $23 millones en canastas navideñas para sus empleados, autoridades del Estado, periodistas,  y para sus propios funcionarios, y más de $40 millones en viáticos y otros dispendios.

Recuerdo como de hoy, el famoso boche que el presidente Balaguer les dio a los ejecutivos de la Tabacalera, por haber descuidado la producción de tabaco rubio, dejándose  aventajar de sus competidores, por estar ocupándose en  “francachelas”.  Porque fueron aquellos tiempos en los que esa empresa, otras similares y varias de las grandes publicitarias del país, desarrollaron tácticas de mercadeo y relaciones públicas muy parecidas al soborno, que incluían obsequios, fiestas y “atenciones” a clientes y secretarias, así como otras actividades, que luego fueron copiadas por otras empresas y, más tarde, por instituciones del Estado.

Así, desde entonces, para Navidad una reducida elite de instituciones públicas realiza una gran cantidad de obsequios a relacionados y vinculados, y las más privilegiadas incluyen a su personal y a sus propios familiares, sin control ni pudor aparentes.

Procede preguntarse acerca del modo cómo unas instituciones sí pueden y otras no, darles a su personal y a sus relacionados esos regalos de fin de año. Pareciera que existe una oligarquía de instituciones, según lo cual, los presupuestos de gastos son más espléndidos y flexibles dependiendo de la capacidad de forcejeo o regateo (“bargaining capacity”) que tenga cada institución. Así, las Cámaras del Congreso tienen poder para hacerse aprobar presupuestos más espléndidos, seguidas, acaso, por la Liga Municipal, el Poder Judicial, o la Junta Central Electoral.

Si la Tabacalera siendo comercial fue motivo de escándalo, ¿hasta dónde tienen derecho las oficinas públicas de hacer lo mismo? ¿Cuáles sí y cuales no, y a quiénes deben dirigir esas famosos obsequios y “atenciones”?  Esto debe, formal y explícitamente, enmarcarse, cada año, dentro de la discusión presupuestal y ser expresamente aprobado por el Congreso.

Lo del Banco Central y otras instituciones descentralizadas, es sólo algo diferente. Esas entidades no son controladas por autoridades externas en cuanto a expendios y gastos mayores. Sin embargo, son parte del Estado, y no deben comportarse como islas apartes. Otro caso es el  las famosas “ayudas sociales” que tienen otras  dependencias, y ni qué decir de las famosas canastas navideñas que el Presidente, como dueño y señor del Fisco, reparte a nombre del candidato del partido oficial.

Lo verdaderamente preocupante  viene principalmente porque son muchas las camas y los medicamentos que faltan, es mucha la pobreza y los damnificados que no reciben alivio, y muchos los trabajadores del Estado que, como los maestros y tantos otros, tienen iguales o mayores méritos para recibir esos obsequios. Pero lo que más desanima es que el dispendio lo haga, por ejemplo, gente de la JCE, tan seleccionada ella, tan inamovible; sin necesidad alguna de auto-regalarse con lo ajeno, ni de hacerse los simpáticos ante terceros, porque no tienen clientelas políticas que los acosen; ¡Que no puedan ver que ellos no tienen más derecho y mandato que el de hacer con probidad y eficiencia las tareas que les define la Ley; y que ellos no son una empresa comercial privada que obtiene y reparte beneficios, ni grupo político que compite por clientelas y simpatizantes!

¡El Estado no tiene excedentes ni plusvalía! y menos el nuestro. Hace falta más conciencia y sentido de lo ajeno, así como asesoría y monitoreo serios y permanentes de parte de la Dirección General de Presupuesto, puesto que a muchas dependencias del Estado les hacen falta conceptos y controles. Y, desde luego, más criterio y vergüenza.