Hoy 
POR DIEGO PESQUEIRA
El procurador general Francisco Domínguez Brito canceló ayer al fiscal de San Cristóbal que pidió al juez de la ejecución de la Pena dictar orden de conducencia contra el director de Prisiones, general Juan Ramón de la Cruz Martínez por no haber dado una carta de buena conducta al recluso Luis Ramón Valdez Reynoso.
La información fue suministrada por el propio De la Cruz Martínez, quien denunció además, que vía el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal han sido puestos en libertad 291 presos, en su mayoría condenados por tráfico de drogas, violaciones sexuales a mujeres y niños y homicidios.
El fiscal cancelado es Jesús Garó, quien habría solicitado al juez Francisco Mejía Angomás, dictar orden de arresto y conducencia contra De la Cruz Martínez.
Igual pedido hizo el consejo de defensa del recluso Valdez Reynoso, quien cumple una condena de cinco años, pero fue atrapado en octubre pasado con marihuana.
De la Cruz Martínez dijo que de los 291 presos puestos en libertad por el juez 100 estaban condenados por drogas, 30 por violaciones sexuales a mujeres y niños y 73 por homicidios.
De los 291 tiene 100 casos de narcotráfico, de los 291 tiene 30 casos de violaciones sexuales a niños, que son los temas más espinosos, denunció de la Cruz Martínez, entrevistado en el programa Hoy Mismo.
Según el general de la Cruz Martínez, los datos están contenidos en un informe que le entregó el procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jesús Fernández Vélez.
Expresó que por esa razón es que la Dirección General de Prisiones exige que se le preste mayor atención a los casos de libertad condicional que se conocen a través de los jueces de ejecución de la pena.
Declaró que esas libertades han sido otorgadas por el juez Mejía Angomás en apenas tres cárceles con aproximadamente 1,600 reclusos, que son la del 15 de Azua, 19 de Marzo y Najayo, lo que representa una alta proporción, en comparación con los demás recintos penitenciarios.
Manifestó que eso equivale a la puesta en libertad de aproximadamente el 10 por ciento de los presos de esas cárceles.
El miércoles, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, solicitó un informe al juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, donde explique las razones por las que dictó orden de arresto y conducencia contra de la Cruz Martínez.
Sin embargo, el doctor Jorge Subero Isa aclaró que fue el Ministerio Público el que solicitó al juez Francisco Mejía Angomás dictar orden de arresto y conducencia en contra del general De la Cruz Martínez.
Expresó que en ese sentido el juez lo que hizo fue acoger el dictamen del Ministerio Público y de la defensa del preso al que se le conocía el caso en ese momento.
Dijo que aunque tiene una copia de la decisión del magistrado Francisco Mejía Angomás, requiere que le mande un informe sobre lo que está pasando con el general De la Cruz Martínez.
Declaró que hace un tiempo acordó con el general De la Cruz Martínez la celebración de una reunión con los jueces de ejecución de las penas, en procura de que se busque soluciones al problema de los presos que son libertados por esa vía.
Consideró que la reunión es propicia, en el entendido de que debe haber avenencia entre los jueces de la ejecución de las penas y el general De la Cruz Martínez.
