El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael –Pepe- Abreu, expresó ayer preocupación por la continuación de las cancelaciones en el sector privado y en el Estado, lo que trae desasosiego a la familia dominicana.

“Los hoteles están frecuentemente cancelando, despachando personas y rompiendo contratos laborales. El trabajador del sector privado no hace bulla cuando lo cancelan, porque le pagan las prestaciones y se va a su casa tranquilo”, sostuvo.

Planteó que acumular miles de personas despedidas, aunque reciban prestaciones, es una amenaza contra la estabilidad del país, porque cuando se les terminen los recursos, comenzarán a demandar empleos y ayuda.

Explicó que las cancelaciones en el sector privado, además del turismo. se han producido en las zonas francas y en las medianas y pequeñas empresas.
Demandó del presidente Luis Abinader detener la ola de cancelaciones en la administración pública en medio de la pandemia del covid-19.

Señaló que solo en el Ministerio de Educación han cancelado más de 30,000 empleados, lo que es una cifra significativa.

Agregó que también ha habido despidos en el Ministerio de Salud Pública, especialmente en los hospitales de Navarrete, Nagua, San Francisco de Macorís y Santiago, incluyendo a personas de avanzada edad.
Se trata, a su juicio, de personas que laboraban como conserjes y porteros, cuyos salarios no son de lujo.
“Hubo una gran cantidad de cancelados en los Comedores Económicos, donde son cancelados por grupos”, dijo en entrevista telefónica.
Criticó que a los servidores públicos cancelados no se les paga los derechos laborales correspondientes, lo que es una acción desconsiderada por parte del gobierno.
Consideró que los trabajadores viven el peor momento de su vida, porque el costo más alto de la pandemia del coronavirus ha sido pagado por ellos.
Los trabajadores suspendidos son, según los registros de la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo, unos 190,000, mientras 284,000 han perdido el empleo por la pandemia, dijo.
Expresó que los programas sociales del gobierno no deberían terminar el 31 de marzo, porque eso sería llevar a los trabajadores a una situación más difícil.