LUIS SCHEKER ORTIZ
Parecería un círculo vicioso, un ciclo aberrante que acusa una ausencia absoluta de institucionalidad. Un fatalismo al que aparentemente estamos condenados y que pone en evidencia la debilidad del sistema del manejo de personal y el providencialismo encarnado en el Jefe del Estado. La reciente huelga de hambre de médicos cancelados así como la cancelación de más de 400 técnicos agropecuarios, en un país donde los médicos no tienen que irse a la huelga para morirse de hambre y donde el campo adolece de agrónomos y de asistencia tecnológica que oriente la producción agropecuaria y la haga rentable, no tienen razón alguna que lo justifique.

Uno y otro vienen a ser acciones bochornosas que deben sonrojar tanto al gobierno que las prolija, como a los demás actores del drama.

Gobierno van y gobierno vienen y los hechos se suceden con carácter indefinido.

La Ley No.14-91 sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa que vendría a ser un saludable paliativo, de aplicarse rigurosamente, sigue siendo una letra muerta.

No es tenida en cuenta al momento de hacer las nominaciones y los nombramientos de los empleados públicos, como tampoco al producirse su cancelación.

Cada gobierno que surge de la contienda electoral la echa a un lado, como algo mortificante. Prefiere privilegiar al trasnochado sistema del clientelismo o botín político, con su secuela de nepotismo, arbitrariedades y abusos que encumbra el artículo 55 de la Constitución y se refleja en el caos administrativo que pasa por alto el hecho de que la Constitución y se refleja en el caos administrativo que pasa por alto el hecho de que la burocracia, como sistema de gobierno, se tecnifica cada vez más y requiere imperiosamente de un ordenamiento racional que garantice la permanencia y el reclutamientos de buenos funcionarios, probos y eficientes, para darle respuesta adecuada a la creciente demanda de servicios que reclama la población.

El resultado de ese profundo malestar es la inestabilidad del empleo público, la falta de motivación y el despilfarro de recursos, que se incrementa con una nómina plagada de botellas, de un personal inepto que, aunque quiera, no puede ofrecerle o trasmitirle a su propio partido la dedicación y la técnica que los programas de gobierno requieren como condición sine qua non para cumplir con sus objetivos programáticos y con la promesas hechas al fragor de las campañas políticas que la ciudadanía espera verlas convertidas en realidad para alivio de sus males.

Y llueven, a la vuelta de cada período de gobierno, las protestas por cancelaciones masivas, probablemente injustas o discriminatorias y los excesos como las huelgas de hambre, utilizada como arma extrema que pone en riesgo de vida a los huelguistas privados de su sustento familiar, quien sabe por cual causa.

Absurda serían la huelga y las protestas airadas de los cancelados y de los gremios profesionales y de los partidos políticos que los animan o los amparan por solidaridad, si tales cancelaciones se produjeran previo estudio ponderado de las causas que las determinan y la comprobación de la falta imputable cometida por el transgresor a normas y obligaciones debidamente previstas en leyes y reglamentos. Si los nombramientos a los cargos públicos no fueran frutos del capricho o la complacencia, o de las presiones políticas que se ejerce por quienes, exhibiendo su militancia, no entienden que la administración pública dejó de ser un coto reservado del parasitismo partidista para regirse por principios y normas democráticas que apuestan a la eficiencia y a la transparencia de la gestión pública, porque con ella está en juego la estabilidad institucional y el bienestar de todos, de los contribuyentes y de los desposeídos.

Resultado de esa ceguera política, el caos que sacude la función pública, que no se alivia por el hecho de que el primer magistrado de la nación, ante las reacciones y el escándalo que se produce tras ella, pretenda corregir los desaguisados que se cometieron con su nombre o con su avenencia, ordenando las reposiciones sin otro elemento que los justifique.

El mal institucional queda en pié. Nada se ha resuelto que no sea poner en evidencia el providencialismo y la falta de autoridad y racionalidad producto de la vulnerabilidad de un sistema poco respetado que posterga la eficiencia de administración del personal y que acusa la ausencia de una política racional y firme que ponga coto al desorden organizado y se afiance en los institucional.

Entretanto no se haga lo que se debe volverán las destituciones masivas con la llegada de cada nuevo partido en el poder, llevándose de encuentro a las botellas anteriores y a funcionarios probos que hicieron del servicio público un deber personal e institucional, alejado de compromisos partidarios, y vendrán las protestas por las supuestas persecuciones y las huelgas y el descontento, y luego las negociaciones, el cabildeo que permita la «gobernabilidad» de un gobierno en un país mesiánico que no quiere gobernarse por sus propias leyes.