Decenas de empleados cancelados en el Ayuntamiento de Guerra, en la provincia de Santo Domingo, reclamaron ayer frente al cabildo el pago de sus prestaciones laborales, ya que la alcaldesa se niega a cumplir con el mandato de la ley.
Máximo Ángulo, vocero de 300 exempleados del cabildo manifestó que acudieron a la sede del gobierno municipal porque la alcaldesa Marcia Rosario se niega a entregar las prestaciones laborales.
Informó que llevan un año luchando por las prestaciones y no ha habido forma que la alcaldesa cumpla con ese requisito de la ley.
Deploró que Rosario prefiera llamar a dos o tres exempleados y ofrecerle siete o diez mil pesos, aprovechándose de la miseria y no cumplir con el compromiso que les corresponde.
Cuestionó que la alcaldía sea tan eficaz cuando se trata de detener construcciones ilegales, pero al mismo tiempo ineficaz cuando tiene que cumplir la ley, como es la de entregar las prestaciones a los empleados despedidos.
De su lado, Martha Carrión, otra de las afectadas, instó a la alcaldesa a que dé la cara, ya que asiste muy poco a cumplir con sus funciones.
Mostró una carta del Ministerio de Administración Pública (MAP) en la que otorga un plazo para que entregue los documentos de entre 15 a 90 días, sin embargo, a un año de la solicitud no se ha hecho nada.
Carrión señaló que los cancelados viven por las gracias de Dios, ya que en Guerra carecen de fuentes de trabajo.
Luego vía telefónica la alcaldesa, Marcia Rosario manifestó su disposición de dialogar con los afectados, pero sin presión frente a la sede del cabildo.
Informó que cuando asumió la alcaldía encontró una deuda de RD$44 millones, en un municipio que apenas recibe cinco millones de pesos al mes.
Antes de aspirar y ganar y salir electa alcaldesa, Marcia Rosario era regidora, por lo que conocía la realidad del ayuntamiento.
Entre los cancelados que reclaman sus remuneraciones hay muchos ancianos que alegan fueron despedidos de manera ilegal.