POR ELÍAS RUIZ MATUK
El secretario de Interior y Policía dijo ayer que redujo la nómina de 1,400 empleados a «un poco menos de 900» empleados. Franklin Almeyda Rancier dijo que «el clientelismo político era tan patético que aquí había un personal comisionado en el exterior del país y en todas las provincias, sin tener objeto ni definición y los últimos suplantando el trabajo y las atribuciones de los gobernadores».

Dijo que se trataba de militantes para realizar labores proselitistas para el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Dijo que fueron respetados los realmente empleados, «puesto que nos hemos encontrado con algunos casos que los han puesto en la carrera administrativa para que no sean removidos de las posiciones porque desde ella manejan recursos».

Indicó que fue creado, además un «Voluntariado de Protección a los Derechos Ciudadanos,» para lo cual serán convocadas entidades de la sociedad civil y del Estado dedicadas a este esfuerzo para presentarle un diseño.

Dijo que ese voluntariado reclutará en todo el país más de 6,000 voluntarios como supervisores de la garantía del derecho ciudadano.

El gobierno descontinuará la expedición de carnés para porte y tenencia de armas de fuego a ciudadanos y funcionarios civiles a través de la secretaría de las Fuerzas Armadas, anunció Almeyda Rancier.

Dijo que conversó con el secretario de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, e informó al presidente Leonel Fernández para que se descontinúe la práctica y que los registros y archivos de los hasta ahora expedidos sean enviados a la secretaría de Interior y Policía.

«Aquello del formulario 25 pasó a ser un carné. La única institución oficial creada por la ley para expedir licencias, oficial o privada, es esta secretaría de Estado de Interior y Policía», dijo.

Agrego que también se puso de acuerdo con el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, para reconocerle a los gobernadores provinciales su autoridad de tal manera que la población dominicana se sienta protegida.  

Dijo que, en ese mismo sentido, esa dependencia elabora una resolución dando un plazo hasta el último día de septiembre para que «todos los que porten armas de fuego, de manera ilegal, aún portando esos carnés elaborados al margen de la ley, regularicen su situación».

Asimismo, solicitó a la secretaría de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional la aplicación de métodos modernos para decomisar armas de fuego, tras considerar que «las redadas indiscriminadas» provocan violaciones a los derechos ciudadanos.