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SANTIAGO.- El ministro de Relaciones Exteriores, arquitecto Andrés Navarro, encabezó hoy la segunda consulta con la sociedad civil para la formulación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2020.
En esta segunda jornada, realizada a través de varias mesas de trabajo en los salones de la gobernación de Santiago, participaron alrededor de 180 organizaciones no gubernamentales que inciden en las 14 provincias de la región del Cibao.
En la jornada participaron, en rol de moderadores, los miembros de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos en representación de distintos ministerios y direcciones generales del Gobierno, así como de la sociedad civil.
El proceso consultivo se desarrolló desde las 2:00 hasta las 5:00 de la tarde, en el que se abordaron diversas dimensiones de los Derechos Humanos, tales como: «Mujer», «Niñas, Niños y Adolescentes» y «Grupos vulnerables» (discapacitados, adultos mayores, entre otros), «derechos civiles y políticos», «migrantes», «trabajo», «trata de personas», «discriminación» y «derechos económicos, sociales y culturales», entre otras.
La actividad contó con la presencia, como observadores, de los representantes de distintos organismos internacionales, como la Agencia Española para la Cooperación Internacional, la Delegación de la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID),), la Organización de Estados Americanos (OEA) el Programa de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otros.
El discurso central de apertura estuvo a cargo del canciller Navarro, quien destacó que el plan busca establecer los mecanismos que permitan mejorar las iniciativas de promoción y protección de los derechos humanos con un concepto incluyente como política de Estado.
La iniciativa comprende una serie de derechos individuales y sociales basados en la Constitución de la República y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El proceso cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Delegación de la Unión Europea.
«Este plan está llamado a convertirse en un instrumento de concientización de los ciudadanos sobre sus derechos, con la vinculación de los actores públicos y privados en la defensa de los mismos como mecanismo de fortalecimiento de la democracia», refirió Navarro.
