ANTIGUA GUATEMALA (AP).– Los cancilleres de 11 países de centro y Sudamérica acordaron continuar con su estrategia de cabildeo y sensibilización ante las cámaras legislativas estadounidenses para conseguir la regularización migratoria de más de 11 millones de indocumentados en ese país.

Los cancilleres de Centroamérica, México, Colombia, Ecuador y la República Dominicana se han reunido ya en tres ocasiones para buscar una estrategia conjunta frente a la propuesta legislativa que el senado estadounidense tiene previsto votar el 27 de marzo y que de ser aprobada criminalizaría la inmigración ilegal, mandaría la construcción de más de 1.000 kilómetros de muro en la frontera con México y penalizaría a quienes den trabajo a los indocumentados.

«Las enmiendas (introducidas por miembros del senado a la propuesta aprobada por la cámara baja), que ya pasan de 100, nos llevan a pensar que la sensibilización sobre el tema está poco a poco conduciendo a que se llegue a alguna conclusión’’, dijo el canciller mexicano Ernesto Derbez.

Agregó que debido a tantas enmiendas, el proyecto deberá ser objeto de una conferencia entre ambas cámaras y «allí continuaremos nuestra estrategia’’, señaló.

El presidente guatemalteco Oscar Berger instó a los cancilleres a promover la iniciativa de ley McCain-Kennedy, que propone programas de trabajo temporal y regularización de migrantes, pero los diplomáticos prefirieron no poner nombres a la propuesta.  En su declaración conjunta los cancilleres abogaron por un esquema de regularización de los migrantes que ya están en Estados Unidos y la creación de programas de migración para trabajo temporal.

«Vamos a crear conciencia sobre los peligros que el viaje como indocumentado conlleva para nuestros ciudadanos’’, dijo el canciller guatemalteco Jorge Briz.

Los cancilleres prefirieron dejar el muro de lado y concentrarse en los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de quienes ya están adentro de Estados Unidos.

«No podemos sentarnos a llorar frente a un muro cuando lo importante es velar por el bienestar de los migrantes. A los que están adentro de Estados Unidos no les preocupa el muro’’, dijo el canciller de El Salvador Francisco Laínez.

Ante el argumento que el endurecimiento de las políticas migratorias responde a una necesidad de mejorar la seguridad en Estados Unidos, los cancilleres recordaron a ese país los esfuerzos que ya hacen para ayudar al combate al terrorismo, el tráfico de armas, drogas y personas en la región, según el canciller de Ecuador, Francisco Carrión.

El embajador de Colombia en Washington, Andrés Pastrana recalcó que el grupo de cancilleres deberá proceder con prudencia. «Sabemos que hay enemigos muy fuertes que buscan la confrontación… nosotros respetamos la soberanía de Estados Unidos pero queremos hacer conciencia que el tema no es solo legal y policial sino también humano’’, dijo.

En todo caso, dijo Laínez, «es con diálogo sereno y no con protestas e insultos que vamos a lograr nuestros objetivos’’.

Las remesas de que los ciudadanos envían a estos 11 países constituyen aportes fundamentales a las economías de cada nación. En los migrantes guatemaltecos enviaron casi 3.000 millones a sus familiares en tanto que El Salvador recibió una cantidad similar en el mismo periodo y para México fueron de cerca de 20.000 millones de dólares.

A la cita acudieron los ministros de relaciones exteriores de México, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Belice y El Salvador, así como los viceministros de Honduras, Nicaragua, Colombia, Panamá y República Dominicana.

 Tratan leyes inmigración

WASHINGTON (AP).– El comité del Senado encargado de elaborar un proyecto de reforma a las leyes de inmigración continuaba trabajando a paso lento ayer, miércoles, con grandes diferencias internas con respecto a un programa para trabajadores temporarios y qué hacer con los aproximadamente 11 millones de indocumentados.

«Estamos muy lejos de un proyecto’’, admitió el presidente del comité judicial, Arlen Specter, en medio del estudio de decenas de proyectos para mejorar la seguridad en la frontera.

Aunque las empresas agrarias y de otro tipo dependen de los inmigrantes ilegales como mano de obra barata y el presidente George W. Bush apoya un programa de visas temporarias, los partidarios de estas políticas no han podido vencer la oposición de los enemigos acérrimos de cualquier propuesta en un año electoral que huela a «amnistía’’.

El comité se había impuesto un plazo que vence el jueves para redactar un proyecto de ley que asegure más la frontera, sancione a los indocumentados y sus empleadores y resuelva la situación legal de algunos indocumentados.

El presidente del bloque mayoritario, Bill Frist, ha prometido que someterá a votación algún tipo de programa para «trabajadores temporarios’’ cuando el Congreso regrese de un receso el 27 de marzo, pero que no incluirá a los indocumentados como el que propone Bush.

Los demócratas en el Comité Judicial pidieron por carta a Frist que recapacitara, ya que «los plazos arbitrarios y las propuestas a medias no son útiles para el Senado ni para el país’’.

Los republicanos que dudan de las bondades de un programa para trabajadores temporarios exhortaron al Senado a no darse prisa en lo que podría ser el proyecto de ley más importante del año. «Nadie en el país confía en nosotros a este respecto porque no hemos demostrado integridad en el control de las fronteras’’, dijo el senador republicano Tom Coburn.

Según la propuesta de Bush, un trabajador podría obtener una visa temporaria después de la cual debería regresar a su país. No sería una amnistía, que el gobierno dice que rechazará en cualquier proyecto, no sería un paso automático hacia la ciudadanía.

«Hasta ahora hay voluntad de trabajar en el proyecto del trabajador temporario, pero más aún de trabajar en la seguridad de las fronteras’’, dijo Specter el martes.

El senador Pete Domenici, de Nuevo México, cuyo estado comparte una frontera de casi 300 kilómetros con México, dice que las posibilidades de que el Senado apruebe un proyecto global son escasas. Los legisladores «se han enloquecido totalmente’’ al confundir la violencia en la frontera con la presencia de 9 a 12 millones de indocumentados en el país.