Las circunstancias en que fue asesinado el ex rector universitario Mateo Aquino Febrillet saca a relucir el viejo problema de las armas en poder de civiles. Muchas son asignadas a personas con perfil violento, cuyos antecedentes los vinculan a incidentes no bien esclarecidos, en que ha habido pérdida de vidas. Ahora, acogiéndose a la usanza nuestra de comprar candado después que nos roban, la jefatura de la Policía revisará sus controles respecto de las asignaciones de las armas de fuego de su pertenencia.
Un aspecto a vigilar con mucho celo y que ha sido relevante en el entramado inmediatamente posterior al atentado contra Febrillet, es la posibilidad de borrar o contaminar evidencias de hechos criminales por medio de personas que mantienen vínculos con esferas sensibles de la propia PN. Las investigaciones del caso revelan por lo menos la conspiración que tenía el propósito de sustituir el cañón de la pistola con la que se habría ocasionado la muerte del ex rector de la UASD.
Las autoridades judiciales y policiales tienen que esforzarse porque las investigaciones del caso Febrillet permitan descubrir a los autores y cómplices de su muerte y a quienes se prestan para modificar armas para contaminar evidencias. También deben conducir a evitar asignar armas a personas que muestran signos de perfil violento.

Que se haga lo que diga la JCE

La Junta Central Electoral (JCE) está haciendo un ejercicio de justicia distributiva al disponer que los partidos postulen un 33% de mujeres en cada nivel de elección. Contra esta voluntad han reaccionado organizaciones como el PLD y el PRD, que acudirán aliados a las elecciones de mayo, y que pretenden que la proporción se base en el total de las candidaturas, no por demarcaciones.
No hay argumento que justifique escamoteos al derecho de ser elegidas que asiste a las mujeres. Lo que ha habido siempre es obstáculos para impedir que las mujeres puedan alcanzar posiciones de liderazgo. Su derecho a participar de las oportunidades políticas y participación en la toma de decisiones tiene que ser preservado. Que se haga valer sin modificaciones lo que decida la JCE.