En la población predomina el sentimiento de que la lucha contra la corrupción y la criminalidad no ha sido todo lo vigorosa que se ha prometido, y todo lo ágil que debería ser para que pueda surtir los efectos deseados y necesarios.

Hay quienes, inclusive, han llegado a exponer que las instancias del Estado que deberían combatir estos flagelos tienen debilidades estructurales y programáticas, y que actuarían impulsadas más por la crítica pública, que por la convicción de que el combate frontal es lo que demandan los tiempos y las circunstancias.

Es una percepción enraizada no sólo en la gente común, que vive los sobresaltos y amenazas en los barrios. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, con toda la autoridad moral que le confiere su labor pastoral, se ha quejado nuevamente por la lentitud de la justicia ante «tantas cuentas pendientes».

Algunas ocurrencias inducen a pensar que no hay una unidad homogénea y fuerte en ciertas esferas de autoridad, en lo que concierne a los criterios que deben predominar en la lucha contra la corrupción y la criminalidad. Por ejemplo, reiteradas quejas del secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda, por actuaciones o inactividad de la Policía Nacional a pesar de habérsele entregado RD$1000 millones por encima de su presupuesto original, son elementos que justifican las creencias en el sentido señalado.

–II–

Si por un lado es saludable que el superior jerárquico del jefe de la Policía haga públicas sus quejas sobre las deficiencias o anomalías que atribuye a ese cuerpo civil armado, por otro lado sería perjudicial y nocivo que el airear estas cosas sea por falta de una respuesta adecuada y oportuna de la o las jerarquías que deben aplicar correctivos sobre la situación.

Estas disquisiciones no parecen corresponderse con las urgencias del país porque se fortalezca realmente la seguridad ciudadana y la justicia adquiera como sus mejores prendas celeridad y probidad. En el mejor de los casos parecería que las quejas obedecen a omisiones, pero no es evitable que se piense en obstrucción deliberada o cosas por el estilo en la ejecución de los planes de mejoramiento de la seguridad ciudadana.

En el ámbito judicial parece haber desequilibrios que perjudican la celeridad de los procesos. El Ministerio Público, que sin duda parece en sintonía con la necesidad de dar respuesta a la demanda de seguridad de los ciudadanos, no parece encontrar complemento en la judicatura. No hay, que quede claro, culpas que atribuirle al Código Procesal Penal.

En resumen, el desempeño de las autoridades en lo que atañe a desmontar la maquinaria de delincuencia y crímenes y atacar en sus talones la corrupción no parece ser el mejor ni el esperado.

Esa es la percepción generalizada no sólo en la gente común, sino también en liderazgos y jerarquías morales de mucha importancia, de mucha influencia. La sociedad está cansada de tantas escaramuzas y tan pobres resultados.