No es de estos tiempos que oímos decir que más de diez mil policías andan por ahí, al servicio de funcionarios en menesteres ajenos a sus deberes.

 Es llover sobre mojado eso de que quince mil policías cobran como tales, pero no ejercen las funciones para las cuales se les paga, se les confiere autoridad y se les provee de un arma de reglamento.

Bajo ninguna circunstancia creeríamos que hay un estado de desobediencia en la Policía Nacional y que esos quince mil policías decidieron “emplearse” en el sector privado.

 Lo que ha ocurrido es que  alguna superioridad fue asignando estos agentes  como personal de seguridad de funcionarios y nadie se ha ocupado de hacer que retornen  a sus guarniciones.

No dudamos que uno que otro policía haya cabildeado con sus superiores para lograr quedarse al amparo de funcionarios, en una posición mucho más cómoda que andar por las calles enfrentando delincuentes desalmados y bien armados.

Lo que no entendemos es que esta situación continúe vigente, a pesar de que se ha dicho, inclusive, que los policías que no se reintegraran a sus cuarteles serían declarados desertores.

En la persistencia de este problema tiene mucho que ver la baja remuneración que reciben los hombres y mujeres que tienen que jugarse la vida para proteger a la sociedad. Desde ese punto de vista, es comprensible que muchos policías prefieran cuidar familias que de alguna manera les compensan, que ir de patrulla bajo constante riesgo.

 En relación con la situación de la Policía sobran estudios y proyectos que aconsejan lo que se debe hacer en estos casos, y  no es desde luego,  cantaletear lo mismo constantemente.

Hagámosle caso a Bernardo
A juzgar por las abundantes quejas y tropiezos, el  sistema de asistencia médica a la población ha involucionado desde que entró en vigencia el Seguro Familiar de Salud, aunque ha debido ocurrir todo lo contrario.

El doctor Bernardo Defilló, que tuvo a su cargo la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), entiende que el sistema de salud ha retrocedido cuarenta años, y no le falta razón.

Hay serias debilidades que han facilitado que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) operen virtualmente por su cuenta, limitando cobertura de servicios a los asegurados y haciendo cambios de afiliación no autorizados.

La Sisalril debe ser puesta en condiciones de ejercer su autoridad y aplicar la ley en materia de seguridad social y atención médica a los asegurados.

No se ha logrado un trabajo armonioso  entre los responsables de aplicar el SFS, y es por esa causa que algunos especialistas han dicho que se retiran del sistema, lo que ciertamente es un problema que debe ser resuelto definitivamente.

Es necesario, como aconseja el doctor Defilló, que se erradique la política del sistema de seguridad social para que pueda funcionar como corresponde.

No puede ser que la ley diga una cosa y que algunos de los actores de la seguridad social hagan lo que les viene en ganas, en perjuicio de la familia dominicana. La evaluación del desempeño del SFS durante su primer mes de vigencia arroja mucha luz sobre los problemas, pero hay que poner las voluntades en condiciones de resolverlos.