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Un tribunal dominicano dispuso impedimento de salida y una garantía económica de 100 mil pesos a una profesora y a una estudiante, acusadas de chantaje, difamación, extorsión y estafa en perjuicio del cantante español David Bisbal.
Un tribunal dominicano ordenó colocar impedimento de salida del país y una garantía económica de 100 mil pesos a una profesora y una estudiante, acusadas de chantaje, difamación, extorsión y estafa en perjuicio del cantante español David Bisbal, a través del envío de mensajes de correo electrónico.
La medida de coerción fue impuesta por la jueza de Instrucción de la Jurisdicción Permanente del Distrito Nacional, Keila Pérez, a Massiel María Pérez Sarraf, de 21 años y Patricia Miguelina Molina Peña, de 31 años, a requerimiento del fiscal adjunto Luis Augusto Arias, en representación del coordinador del Departamento de Investigaciones de Alta Tecnología de la fiscalía, Johnny Núñez.
De acuerdo a las pesquisas, las jóvenes a través del correo bisbaltablada@hotmail.com enviaron mensajes al artista exigiéndole un depósito en el banco español Sabadell, S.A. de 73 mil euros con la finalidad de no difundir a través del Internet informaciones, grabaciones y fotografías intimas del cantante. Esos recursos serían transferidos y luego retirados de las cuentas de las imputadas en el Banco Hipotecario Dominicano (BHD). Las acusadas, que obtuvieron su libertad, tras pagar la fianza, deberán presentarse cada 15 días por ante el Ministerio Público durante 6 meses. En la audiencia, Bisbal estuvo representado por Sónica Lagrange y Francisco Álvarez. Aunque en principio fueron apresados también Radhamés Pérez y José Manuel Galván, luego se determinó que no había elementos de pruebas en su contra, por lo que se ordenó su libertad y fueron excluidos del expediente.
La clave
Casos
El fiscal adjunto Johnny Núñez informó que en el mes de diciembre se registraron unos 12 casos de difamación vía Internet. En la investigación del caso de David Bisbal participaron oficiales de la Policía y fiscales dominicanos en coordinación con agentes de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de España.
