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MANAGUA (AFP).- El conflicto que mantiene enfrentados al gobierno de Enrique Bolaños y el Congreso, por una reforma constitucional que resta poderes al presidente, ha puesto a Nicaragua al borde del caos institucional, advierten portavoces opositores y autoridades judiciales.
«Si el Ejecutivo va a hacer algún cambio es mejor que busque cómo cabildear (con el parlamento) para no tener ningún problema, porque de lo contrario lo acusaremos por desacato», sentenció el jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), Enrique Quiñonez, en declaraciones a la AFP.
Las reformas, que entraron en vigencia el pasado 8 de abril, permitirán al Parlamento, dominado por opositores de izquierda y de derecha, controlar los nombramientos, remociones y gestión de los ministros, embajadores, directores de oficinas públicas y autónomas adscritas al gobierno.
Bolaños anunció el martes que no se someterá a la voluntad del Congreso, al amparo de una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que declaró las enmiendas «inaplicables», porque rompen con el principio de independencia que debe prevalecer entre los Poderes del Estado.
El fallo fue dictado el pasado 29 de marzo, en el marco de una demanda que el gobierno de Bolaños promovió en diciembre pasado ante el organismo regional, que sesiona en Managua con seis magistrados de Honduras, Salvador y Nicaragua.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Parlamento nicaragüense desestimaron el fallo debido a que la CJ no tiene competencia para anular leyes, o interferir en los conflictos de Poderes de un país centroamericano.
No obstante, el gobierno advirtió que si el Congreso no acata la resolución, haría uso de la fuerza pública, amenaza que los diputados interpretaron como un velado «golpe» contra el legislativo.
Si Bolaños agrede al Congreso, «el PLC saldría a las calles a nivel nacional a paralizar el país, lo mismo haría el Frente Sandinista, y verían ustedes los tranques en todos los barrios del país, con liberales y sandinistas juntos», aseguró Quiñonez.
Si el presidente hace eso se convertirá «en un delincuente y para los delincuentes hay leyes», apunto por su lado, el coordinador de la bancada legislativa del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), diputado Edwin Castro.
Al conflicto legal suscitado por las reformas, se suman la entrada en vigencia de la Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos y la Propiedad, que quita al gobierno el control sobre las empresas de energía eléctrica, agua, teléfono, y la facultad de titular y dirimir problemas por confiscaciones.
No obstante, el mandatario nicaragüense advirtió: «no nos va a detener» y el lunes pasado dispuso la entrega de 220 títulos de propiedad en el occidental departamento de León, haciendo caso omiso de las advertencia del Congreso.
«El gobierno se atrinchera en la sentencia de la Corte centroamericana (para no cumplir) y esto lo que va a crear en el país es un caos», vaticinó por su parte el vicepresidente de la Corte nicaragüense, Rafael Solís.
La discordia se agravó el martes cuando las bancadas mayoritarias del PLC y del FSLN desestimaron a los candidatos que el gobierno presentó para ocupar uno de los cuatro cargos vacantes de magistrado existentes en la Corte Suprema.
En su lugar nombraron a cuatro abogados afines a sus posiciones políticas, por lo que el gobierno decidió este miércoles retirarse del diálogo que inició en enero pasado con el Congreso, con la intención de buscar un consenso para trabajar en armonía, anuncio Secretario de Comunicación de la Presidencia, Lindolfo Monjarretz.
