En virtud del tratado de libre comercio DR-CAFTA, el mercado dominicano está cada año más abierto, por reducción de aranceles, a la competencia del arroz que principalmente provendría de Estados Unidos, una potencia muy dada a apoyar a sus productores del cereal con permanentes subsidios directos y trabas aduanales que sitúan en total desventaja un renglón fundamental del agro del país que genera autosuficiencia alimentaria para el plato nacional y se extiende por provincias generando empleos.

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En cambio los cosecheros y procesadores locales del grano están sometidos a presiones de costos internos y externos a través de insumos que no afectan a sus iguales de Norteamérica y el respaldo oficial, con ocasionales exenciones y auxilios económicos, no son para potenciar la producción de los arroceros dominicanos sino para salvarlos de la ruina. Como sardinas parecerían condenados a ser tragados por un tiburón.

La iniquidad en la relación de producción e intercambios de comercio entre el pez grande y los pequeños del ámbito centroamericano y del Caribe es tolerada, evidentemente, por cláusulas que dan licencias a interpretaciones e imposiciones unilaterales en perjuicio de los débiles que deben sentirse obligados a defenderse como gato boca arriba reclamando, en contextos bilaterales y de tú a tú con el ente de poder hemisférico, un tratamiento equitativo. Incluso la Organización Mundial de Comercio fue creada, y existe, para salvar de la discriminación y el ventajismo a las economías menos desarrolladas.