En los procesos de compras y contrataciones públicas, la capacidad técnica de los oferentes es un criterio fundamental para garantizar la calidad de los bienes, servicios o infraestructuras que contratan las instituciones públicas. La Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones establece una serie de criterios para la selección de proveedores, y uno de los más destacados es la evaluación técnica, la cual busca asegurar que los oferentes tengan la experiencia y los conocimientos necesarios para ejecutar el objeto de la contratación. Hoy día, también tenemos el criterio de “Valor por Dinero”, el cual se basa en obtener el mejor equilibrio entre costos y beneficios en una adquisición o contratación pública. Este criterio de “Valor por Dinero” no se limita únicamente al precio más bajo, sino que considera diversos factores para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y efectiva.

No obstante, los requisitos técnicos, aunque esenciales, pueden convertirse en una barrera de participación si se establece de manera excesivamente rigurosa, limitando la competitividad y la posibilidad de que nuevos actores accedan a los contratos públicos.

La Importancia de la Capacidad Técnica

El objetivo principal de exigir una capacidad técnica adecuada en las licitaciones es asegurar que los proveedores tengan la experiencia y habilidades necesarias para cumplir con el contrato de manera eficiente y dentro de los estándares requeridos. Las instituciones públicas, al contratar, buscan minimizar el riesgo de incumplimientos o fallas en la ejecución, y para ello, es crucial que los oferentes demuestren su idoneidad técnica. Un proyecto mal ejecutado o un servicio que no cumpla con los requerimientos puede derivar en costos adicionales para el Estado, retrasos en la ejecución y, en algunos casos, afectar directamente a la ciudadanía.

En ese sentido, los pliegos de condiciones suelen incluir criterios como experiencia previa en proyectos similares, calificación del personal técnico propuesto, certificaciones o licencias profesionales, entre otros. Estos elementos son clave para garantizar que los oferentes tienen las capacidades suficientes para cumplir con las exigencias del contrato y contribuir al éxito del proyecto.

¿Cuándo se convierte en una Barrera de Participación?

El reto surge cuando los criterios de capacidad técnica se establecen de manera excesiva o desproporcionada en relación con la naturaleza o envergadura del contrato. En muchas licitaciones, especialmente en contratos de gran envergadura, se observa una tendencia a imponer requisitos técnicos que van más allá de lo razonablemente necesario para la ejecución del proyecto, lo que excluye a oferentes que, aunque calificados, no cumplen con todos los requisitos técnicos exigidos de manera exacta.

Por ejemplo, exigir que una empresa haya ejecutado un contrato de un valor similar o mayor al del proyecto en cuestión puede excluir a oferentes que, si bien tienen capacidad técnica y experiencia, no han tenido la oportunidad de manejar un proyecto de tal magnitud anteriormente. Este tipo de criterios puede limitar la participación de empresas emergentes o pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), restringiendo el acceso a nuevos actores y reduciendo la competencia.

Es importante destacar que la competencia es un factor esencial en los procesos de compras públicas, ya que promueve la obtención de mejores precios, mayor innovación y soluciones más eficientes. Un proceso de licitación en el que solo unas pocas empresas cumplen con los estrictos criterios técnicos puede generar un entorno oligopólico, en el que las instituciones públicas tienen menos opciones, afectando negativamente la eficiencia y la transparencia del proceso.

Un Arma de Doble Filo

La capacidad técnica del oferente, entonces, se convierte en un arma de doble filo. Si bien es necesaria para garantizar que los contratos se ejecuten de manera adecuada, el establecimiento de criterios excesivos puede generar una reducción en el número de oferentes y, por ende, limitar la competitividad. Además, cuando los requisitos técnicos no se ajustan a la realidad del mercado, pueden generar una percepción de que los procesos están diseñados para favorecer a ciertos actores en detrimento de otros, lo que va en contra de los principios de igualdad y libre competencia consagrados en la Ley de Compras.

Para evitar que la capacidad técnica se transforme en una barrera de participación, es esencial que las instituciones públicas diseñen los pliegos de condiciones de manera proporcional y adecuada a las características del contrato. Esto implica una evaluación realista de los requerimientos técnicos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, sin imponer cargas desmedidas a los oferentes.

Un enfoque razonable sería utilizar criterios escalonados que permitan la participación de empresas con diferentes niveles de experiencia, siempre y cuando demuestren tener la capacidad técnica para cumplir con las obligaciones contractuales. Asimismo, en lugar de exigir experiencia en proyectos de igual o mayor magnitud, podría valorarse la experiencia en proyectos de naturaleza similar, aunque de menor valor económico, siempre que el oferente demuestre la solvencia técnica para llevar a cabo el contrato.

Para finalizar, la capacidad técnica de los oferentes es un criterio esencial para asegurar la calidad en los contratos públicos, pero su mal manejo puede tener efectos contraproducentes. El equilibrio entre garantizar la idoneidad técnica y fomentar la participación amplia es un desafío constante en los procesos de compras y contrataciones. Las instituciones públicas deben ser conscientes de que imponer criterios desmedidos puede excluir a oferentes capaces y limitar la competitividad, lo que a la larga afecta tanto la eficiencia como la transparencia de los procesos.

La clave está en encontrar un punto medio que permita evaluar la capacidad técnica de manera justa y proporcional, asegurando que los mejores oferentes sean seleccionados sin cerrar las puertas a nuevos actores que también puedan ofrecer soluciones de calidad al Estado Dominicano. Así, se contribuirá no solo al éxito de los proyectos contratados, sino también al fortalecimiento del sistema de compras públicas, basado en los principios de competencia, igualdad y transparencia.