Este año, el presupuesto del Ministerio de Educación asciende a la suma de 99 mil millones de pesos; suma ésta equivalente a más del 4% del PBI. Esa gran inversión, fruto de las grandes jornadas cívicas libradas por la sociedad dominicana, nos permitiría iniciar la ampliación, transformación y mejora de nuestro sistema de instrucción pública.

Los dominicanos (la palabra dominicanos en su aceptación genérica) esperan que la inversión en educación de más del 4% del PBI se traduzca en la ampliación del sistema y en una mejora sustancial de los servicios ofrecidos por el mismo. Esperanzados deben de estarlo después de haber contribuido a lograr del gobierno de Danilo Medina la inversión en educación más grande de los últimos 40 años.

Existe el consenso de que las reformas de los sistemas de instrucción pública de países como el nuestro apuntan a un logro mayor de cobertura y a una mejora sustancial de la calidad de los servicios. Por el número de gentes involucradas, y por la complejidad de los métodos y de las tecnologías empleadas, una reforma de un sistema de instrucción pública como la que deseamos tiene lugar en muchos frentes, teniendo sus actores que involucrarse en procesos muy variados, bregando con muchas gentes en medio de un torbellino de incomprensiones.

En el periodo que va desde la caída de la dictadura trujillista hasta nuestros días, hemos obtenido importantes logros en materia de formación y capacitación de maestros. En 1961, apenas un 4% de los maestros en servicio era titulado, la mayoría de ellos, en profesiones que nada tienen que ver con el ejercicio docente. En esos tiempos no tan remotos, la docencia de las escuelas primarias y la de los liceos secundarios regularmente estaba a cargo de bachilleres. Hoy, la situación es bien distinta. Más del 80% de nuestros docentes posee un título universitario del ramo; y muchos de esos profesionales de la educación han cursado estudios de especialidad y maestría en universidades nacionales y extranjeras. Disponemos de veinticuatro instituciones dominicanas de educación superior que ofertan carreras pedagógicas. El país cuenta con un personal docente capaz de formular y ejecutar políticas orientadas a la reforma y a elevar la calidad de los servicios de educación. También, dispone de técnicos y gestores de muy alto nivel. Pero, el que se entienda que el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los docentes sean partes importantes a tomar en cuenta en todo proceso de reforma, no debe llevar a los dirigentes de la ADP a pensar que el sueldo es lo único que cuenta, y a tratar de imponer, mediante las consabidas amenazas de protestas y paralizaciones, un aumento salarial desmedido. Volveremos sobre el tema.