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Los proyectos de reforma de la educación suelen estar centrados en el tema de la capacitación permanente de los docentes, considerada ésta como la variable que más afecta el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Los mismos están basados en la idea de que la educación de calidad depende de profesores bien formados y mejores capacitados, con salarios justos, buenas condiciones de trabajo, y con reales posibilidades de superación personal. La necesidad de la capacitación y formación del profesorado es igualmente latente en áreas educativas que hasta ahora se han visto desatendidas como son la educación sexual, la educación musical y plástica, la educación física, el aprendizaje de lenguas modernas, entre otras. El lugar que estas áreas del saber vienen a ocupar en el nuevo currículo de la educación básica, y su necesaria aportación a los objetivos generales de la educación secundaria, reclaman una formación del profesorado acorde con el papel que esas áreas están llamadas a cumplir. Por todo ello, resulta válida la célebre frase de Álvaro Marchesi, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos: “La calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado”. El Pacto Nacional por la Reforma Educativa, propuesto por el gobierno del presidente Danilo Medina y suscrito por las principales autoridades del sector y por todo el liderazgo político nacional, no constituye, en ese sentido, la excepción de la regla. En efecto, el Ministerio de Educación está desarrollando un proyecto de formación y capacitación docente cuyo costo se eleva a la suma de 2 mil 200 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera: 1,390 millones 618 mil pesos para el financiamiento del programa de capacitación de maestros en servicio; 70 millones de pesos para el sostenimiento del programa de acreditación del personal directivo de las escuelas y liceos públicos; y 642 millones, 979 mil 962 pesos para elevar los niveles de profesionalización de maestros en servicio a través de estudios de especialización y programas. Para la realización de dicho programa de formación y capacitación docente, se cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación Superior y con el apoyo de las facultades, departamentos y escuelas de educación de las principales universidades del país.

Al final de la llamada “era de Trujillo” apenas un 4% de los maestros en servicio activo estaba en posesión de algún título profesional. Salvo honrosas excepciones, los profesores de esa época eran bachilleres en espera de oportunidades para cursar carreras liberales; oportunidades éstas que casi nunca les llegaba. La situación de hoy es muy diferente a la del ayer. Más de un 80% de los maestros en servicio está en posesión de un título universitario o de un diploma normalista. Centenares de los que ejercemos el magisterio o la cátedra universitaria hemos cursado estudios de especialización y postgrado en universidades nacionales y extranjeras. La matrícula total de las facultades y escuelas de educación del país supera los cincuenta mil estudiantes. La carrera de pedagogía figura entre las más preferidas por los jóvenes de esta generación. Hoy, resulta prácticamente imposible el ocupar una plaza de maestro en una escuela pública o en un colegio privado de cierto renombre sin un título universitario en poder del demandante. La celebración de concursos de oposición para ocupar puestos de maestros, directores de escuelas, de distritos y de regionales se ha venido imponiendo como única y saludable modalidad de selección del personal docente. Entonces, si hoy disponemos de más y mejores maestros que en un pasado no tan lejano, ¿cuál es el problema? Nos adelantamos al afirmar que la dificultad mayor reside en el hecho de que la mayoría de los profesores titulados lo fueron muchos años después de iniciarse en el oficio.