La Vicepresidencia de la República y la Misión Internacional de Justicia (IJM), desarrollarán un plan para la formación e inserción laboral de adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, quienes, a la vez, recibirán apoyo terapéutico y acompañamiento legal en caso que lo requieran.

Asimismo, serán incluidos junto a sus familias en los programas de protección social que desarrolla el Gobierno a través del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), con la verificación previa de que califican para participar en esta iniciativa socio-educativa.

A raíz de un acuerdo firmado entre la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, Margarita Cedeño, y el director nacional de IJM, Fernando Rodríguez Jr., los adolescentes podrán adquirir habilidades y conocimientos que les permitan generar ingresos y progresar en sus comunidades de manera sostenible.

Rodríguez dijo estar convencido de que gracias al acuerdo una gran cantidad de adolescentes y sus familias podrán gozar su derecho a una vida digna y libre de la explotación y otras formas de violencia con la esperanza de un futuro seguro y duradero.

“Quedamos a la orden para concretizar e implementar los proyectos de colaboración que nos permitirán brindar servicios a víctimas de la explotación sexual comercial de una manera coordinada y efectiva para lograr la restauración de estas vidas preciosas”, indicó.

La medida beneficiará a 31 comunidades que han registrado la mayor cantidad de casos de explotación sexual comercial, y calificadas como prioritarias, entre ellas, Sabana de la Mar, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Juan Dolio, Boca Chica y Guayacanes. Asimismo, en San Cristóbal, Barahona, El Limón, Los Cacaos de Samaná, Santiago y Puerto Plata.

También en Las Américas (Ciudad Juan Bosch), Brisas del Este, Guerra, Ensanche Capotillo, Zona Colonial, Los Guandules, Villa Mella, Guaricanos, Sabana Perdida, Los Alcarrizos y La Ciénaga. La capacitación se ofrecerá a través de los Centros de Capacitación y Producción Progresando (CCPP) y los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) diseminados en todo el país.

En la firma participaron además, la directora general de Prosoli, Altagracia Suriel; y el director de los CTC, Claudio Doñé, quien indicó que con la medida se está dando un paso de compromiso en favor de las víctimas.