En los últimos días, se ha generado un intenso debate en torno a la propuesta de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) de implementar una cápita diferenciada por edad y sexo en el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. ¿Qué significa esto? Que las ARS recibirían un pago mayor si el afiliado es una mujer en edad fértil o un adulto mayor, bajo el argumento de que estos grupos suelen requerir mayor atención médica. A primera vista, parece una medida justa. Pero, ¿realmente beneficia a los pacientes?
La respuesta corta es: NO. Y aquí explicamos por qué.
En teoría, pagar más por quienes tienen mayor necesidad debería traducirse en mejores servicios, más cobertura o menor burocracia. Sin embargo, no existe ningún mecanismo que garantice que esos fondos adicionales se usen para mejorar la experiencia del afiliado. Las ARS recibirán más dinero, sí, pero nada cambia en el acceso, los tiempos de respuesta, ni en las coberturas del Plan Básico de Salud.
Las mujeres en edad reproductiva y los adultos mayores enfrentan actualmente barreras constantes: desde autorizaciones denegadas hasta estudios que no cubre el plan. El hecho de que una ARS reciba más dinero por ellos no implica que tendrán más acceso o mejor trato. La cápita diferenciada no viene acompañada de una reforma en el modelo de atención ni en el paquete de beneficios.
Mientras no exista una verdadera regulación sobre cómo deben usarse esos fondos adicionales, el riesgo es alto: las ARS podrían seguir privilegiando su rentabilidad sin que el afiliado reciba ninguna mejora tangible. Lo que se presenta como un ajuste técnico puede convertirse en una medida que consolida desigualdades en lugar de reducirlas.
La Ley 87-01 establece un modelo por niveles, con atención primaria como puerta de entrada al sistema. Ese modelo sigue pendiente. Sin él, cualquier intento de modificar el financiamiento sin reformar la atención es como cambiar el motor de un carro sin arreglarle las ruedas. No vamos a llegar lejos.
Aunque la cápita diferenciada puede ayudar a que el Seguro Familiar de Salud sea más sostenible a medida que la población envejece, también introduce un cambio que busca repartir mejor el dinero entre las ARS, según qué tanto se enferma la población. Las autoridades deben aprovechar este momento para establecer reglas claras que faciliten el acceso a los servicios de salud y eliminen las trabas que han puesto muchas ARS, algunas de ellas afectando incluso el derecho de los pacientes a la privacidad.
El afiliado, que debería ser el centro del sistema, sigue siendo tratado como una cifra y no como una persona. Mientras no se legisle y regule a favor de una atención digna, todo cambio financiero será una fórmula vacía.