Históricamente el Banco Central acumuló pérdidas operativas, especialmente por el financiamiento al gobierno, lo cual no representó un obstáculo a la realización de las políticas inherentes a sus responsabilidades; sin embargo con el rescate de los tres bancos quebrados y la necesaria neutralización de esa emisión mediante la colocación de certificados, entonces el servicio de los intereses se convirtió en la fuente generadora de importantes pérdidas operativas o del déficit cuasi-fiscal.

Al 16 de agosto del 2004 el costo de las quiebras había ascendido a RD$104,857 millones y el BC había colocado RD$89,438 millones en certificados a una tasa promedio de 58.45%, con un 56.45% de estos instrumentos con vencimiento inferior a 30 días, servicio de los intereses por RD$2,973 millones mensuales y un déficit cuasi-fiscal proyectado a diciembre por un monto superior a los 35 mil millones de pesos.

Las presentes autoridades se empeñaron en asumir los retos de esta mega-deuda y lograron disminuir los intereses, extender los periodos de vencimiento y vender activos de los bancos quebrados, con un éxito tal que el déficit cuasi-fiscal, a pesar del aumento del stock, se ha reducido desde 4.0% del PIB en el 2004 a 1.3% del PIB en el 2008; a pesar de esos excelentes resultados es obvio que solo con el aporte de recursos fiscales habrá una solución definitiva y por esas razones el 13 de julio de 2007 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Capitalización del Banco Central.

Esa ley reconoció las pérdidas operativas del BC desde su fundación hasta el 2005, establece la emisión de títulos-valores a lo largo de diez años y los intereses recibidos en ese periodo, variables desde el 0.5% del PIB en el 2007 hasta 1.4% del PIB en el 2016, permitirían reducir más aceleradamente el déficit cuasi-fiscal hasta que sea eliminado y a más largo plazo se iniciaría el desmonte de los certificados.

El pago de los intereses al BC, aparte de mejorar la clasificación-riesgo del país y cumplir uno de los compromisos frente al FMI, permitiría un mayor espacio a una política monetaria flexible; sin embargo la caída de los ingresos fiscales colocan al gobierno en dificultades para cumplir con la entrega de la totalidad de los recursos.

Se trata de una situación coyuntural no prevista en la ley y como tal el equipo económico, en consulta con el FMI, debe explorar salidas coyunturales para evitar un default. Mas adelante, cuando concluyan las restricciones, valdría la pena repensar algunos aspectos de la ley, incluyendo el periodo de emisión de los títulos.