CARACAS (EFE).- El Gobierno venezolano afirmó ayer que EEUU «no tiene autoridad moral» para hablar de Derechos Humanos, y calificó de «mentiroso» y carente de «absoluto valor» el reciente informe sobre la materia de la Casa Blanca.

   El informe del gobierno estadounidense sobre la situación de los derechos en el mundo, divulgado hoy, destacó el «retroceso» en la materia en Venezuela.

   El vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, señaló en un comunicado que EEUU «está descalificado desde todo punto de vista para hablar» de un tema «tan importante y delicado» como el de los Derechos Humanos.

   «El Gobierno que más viola hoy en día los Derechos Humanos, en su propio país y en el mundo, es el de Estados Unidos, a través del asesinato de miles de personas, niños, mujeres, ancianos, como ocurre en Irak, en Afganistán», indicó Rangel.

   Leyes «contrarias a elementales principios del Derecho como la Ley Patriota», y «aventuras que incluso llegan a gestar planes para la eliminación física de jefes de Estado o de dirigentes políticos contrarios a las líneas de Washington», son otras manifestaciones de la supuesta violación de EEUU a los Derechos Humanos según Rangel.

   Lamentó que «una causa de la importancia de los Derechos Humanos sea objeto de una inicua utilización, con fines vulgarmente politiqueros».

   «Este informe del Departamento de Estado es más de lo mismo, es decir, más mentiras, más falsedades y más hipocresías, por tanto carece en absoluto de valor», agregó el vicepresidente de Venezuela.

   Según el informe del Departamento de Estado de EEUU, «pese a algunos intentos de mejora en algunas áreas», en lo que respecta a las libertades fundamentales en Venezuela «persisten serios problemas».

   En concreto, el informe alude a la politización del sistema judicial y las restricciones impuestas a los medios electrónicos.

   En una rueda de prensa para presentar el documento, el subsecretario adjunto de Derechos Humanos, Michael Kozak, aseguró que en Venezuela la nueva Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión tiene como objeto «intimidar» a los periodistas.

   La nueva ley de medios, aprobada el pasado diciembre por la mayoría oficialista que domina la unicameral Asamblea Nacional, es calificada por la oposición como una «mordaza» que supuestamente busca silenciar a la disidencia y restringir las libertades de expresión e información en el país.

   El Gobierno la defiende como una «norma moderna que amplía las libertades de información y opinión y democratiza el uso del espectro radioeléctrico», que es propiedad del Estado en Venezuela.

   Chávez acusa a la mayoría de los medios privados venezolanos de dirigir a la oposición radical y de «mentir» en detrimento de su Gobierno.

   Los directores y dueños de las principales televisiones del país reconocieron el 13 de diciembre de 2002 que se involucraron en el conflicto político venezolano para «defenderse de los ataques» del gobernante.